La magnitud que en recursos, entidades, personal, responsabilidades y funciones tiene el municipio de Medellín es desconocida para buena parte de su población. Por tal razón, este diario publicó el pasado domingo un informe, acompañado del gráfico de las diversas entidades y sus presupuestos, los cuales servirán para que la ciudadanía esté consciente tanto de la magnitud de lo que ha dado en llamarse Conglomerado Público del Municipio de Medellín, como de la responsabilidad que, mediante su voto el próximo 25 de octubre, entregará a quien sea elegido alcalde de la ciudad.
Los datos oficiales arrojan estas cifras: la Alcaldía tiene a su cargo 46 entidades descentralizadas (29 de ellas directas y 17 con socios estratégicos), con activos por valor de 57 billones de pesos, patrimonio a diciembre de 2014 por 33,3 billones, y con 67.000 personas trabajando de forma directa o indirecta.
Según la valoración de la Alcaldía y de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, este conglomerado público es el segundo de naturaleza estatal en el país (después de Ecopetrol), y el quinto del total nacional por activos.
Sin duda alguna, más que fomentar un sentido de nuevorriquismo o de autosatisfacción sin mayores propósitos, lo que esta información debe generar es un agudo deber de exigencia por parte de los ciudadanos y de corresponsabilidad en el manejo que a toda esta superestructura pública se le debe dar.
Porque no se puede limitar la visión a la sola consideración empresarial. Quien vaya a liderar este conglomerado requiere, por supuesto, ser un excelente gerente, pero dotado de todas las virtudes de un gran líder político. Debe ser un estratega, un visionario.
Las lógicas de la empresa privada y del sector público no son forzosamente contrapuestas, pero tampoco asimilables. Aquí los “accionistas” somos todos los habitantes de la ciudad, pero somos más que accionistas. Participamos en la construcción colectiva de un hábitat decente, bien administrado, sin reducir la participación a esperar el dividendo económico de nuestros respectivos aportes.
Los datos dicen que hay 67 mil personas trabajando para este conglomerado público. Sean o no funcionarios, deben recibir la colaboración ciudadana, como deber cívico, pero estar dispuestos a rendir cuentas por sus ejecutorias y atender la exigencia de un buen servicio público. Los medellinenses habremos de estar vigilantes para que las entidades no se privaticen de la peor manera: con su entrega al clientelismo. Es decir, privatizado de forma subrepticia en manos de directorios políticos.
Varias de las entidades han conformado sus juntas o consejos directivos con participación mixta de los funcionarios y de dirigentes del sector privado. Ha sido una buena colaboración. La responsabilidad de las juntas es grande, tienen precisas obligaciones y su participación ya no es solo honorífica, sino para trazar los grandes objetivos y requerir resultados sociales tangibles.
La ciudad ya sabe, pues, que su activo más valioso no es solo el Grupo EPM. Y ese conocimiento informado no es para demandar gastos en cosas que no se necesiten. Ni para que los alcaldes y funcionarios asuman esos activos como caja menor, o como barril sin fondo para proyectos suntuarios. Aquí las necesidades están muy claras. Hay aún mucha desigualdad, altísima inequidad. Solo un líder organizado y visionario puede emplear todos estos recursos para construir una ciudad vivible para todos.
