Es cierto que el alcalde Federico Gutiérrez corre el riesgo de la sobrexposición mediática y de cierto protagonismo que puede resultar chocante para sus críticos, cuando se apersona de algunos casos de criminalidad, pero al tiempo envía un mensaje de compromiso, incluso muy personal, con un tema que es meridiano de la realidad de Medellín, sensible e indelegable: la seguridad.
Resulta complejo encontrar un punto medio entre acciones, resultados y liderazgos aceptables. Medellín ha tenido algunas alcaldías de bajo perfil en el contacto con la ciudadanía. Otras de mayor proximidad a los eventos y la vida comunitaria y barrial. ¿Cuál es el mejor estilo, cuál es la fórmula correcta? Ambas tienen validez siempre que, en el fondo, estén el deseo de servir y la meta estructural de cumplir indicadores de gestión en el conjunto de temas centrales de gobierno: la educación, el medioambiente, la salud, las obras públicas, la movilidad, el empleo y la economía local. Esa agenda amplia e intensa del desarrollo de una ciudad que busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes y cualificar su proyecto urbano.
Los expertos observan que, en parte, en esta Alcaldía se experimenta un nuevo modelo de respuesta a las quejas y dificultades cotidianas de la gente. Uno que atraviesa por el entramado de la comunicación, en tiempo real, mediante las redes sociales y las tecnologías de la comunicación. Un territorio aún sin colonizar ni descubrir completamente en sus implicaciones y efectos.
¿Trasparencia, reacción oportuna, trato horizontal, cercanía? O, ¿sobrexposición, efectismo, protagonismo, populismo, pose demagógica?
Por años se ha advertido, y así lo demuestra la práctica, que un alcalde de Medellín debe y tiene que estar al frente en el manejo, coordinación e integración de los organismos y herramientas de los que depende la seguridad.
Fenómenos y actores como el narcotráfico, las estructuras criminales, la delincuencia común, las más recientes redes de prostitución sexual y el pandillerismo y la violencia urbana deben toparse con una institucionalidad que responde, de manera unánime y ordenada, bajo el liderazgo firme y permanente del jefe del gobierno local.
Hay un mandato: el alcalde es la primera autoridad de policía de la ciudad. Por ello, debe mostrar mando y exigir “resultados operacionales”. Es poco probable que un alcalde espere el compromiso y la determinación de los organismos de seguridad si no asume una postura vigilante y diligente ante los llamados de la ciudadanía.
Que el alcalde atienda casos de fleteo divulgados en las redes sociales puede terminar reducido a episodios de “microgobierno” estériles. Es decir, que más allá de la captura y judicialización de un par de ladrones callejeros no se avance en una estrategia amplia para desmantelar el fenómeno, desde causas y actores más estructurales. O ello puede motivar y despertar confianza en las autoridades.
¿Qué prefiere Medellín, un alcalde que no se entera de asuntos que son motivo de conversación y malestar social, o uno que se muestra al día, sintonizado con los padecimientos ordinarios del ciudadano y busca resolverlos?
Es preferible el segundo escenario, por supuesto siempre y cuando esa intervención directa, casual, episódica, no desvíe la atención que debe procurarse a los problemas de fondo que gravitan en torno a la realidad urbana.
La seguridad ciudadana requiere cada vez más de gobernantes conectados con las demandas de la gente. Autoridades próximas a la vida cotidiana. No debe ser censurable, entonces, que el alcalde atienda estos casos. Sí será cuestionable si agota en ello la gestión y el aporte que debe hacer su gobierno a la transformación de Medellín, cosa que por supuesto no se espera que ocurra.
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