Los gremios económicos del Departamento, todos, y entidades de representación empresarial y cívica como la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Proantioquia, enviaron una propuesta al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, basados en la idea de que “la gobernanza colaborativa es nuestra base fundamental”, para que se concertara un proceso de recuperación de la confianza institucional y el buen gobierno en Empresas Públicas de Medellín.
Proponían tres puntos: 1) Hacer un compromiso público de cumplimiento del Convenio Marco de Relaciones Municipio de Medellín –EPM, de 2007, así como del Código de Gobierno Corporativo de EPM. 2) Que el nombramiento de los cinco miembros independientes de la junta directiva se hiciera mediante un proceso concertado, con participación de la academia, el sector social y comunitario, y los gremios económicos. 3) Que la nueva junta directiva evaluara al gerente de la empresa, para decidir sobre su ratificación o cambio, poniéndose de acuerdo con el alcalde, “con base en criterios de idoneidad y experiencia requeridos” para manejar una organización de semejante relevancia. Le recordaban al alcalde que ello estaría “en coherencia con la promesa inscrita en el programa de gobierno Medellín Futuro 2020–2023”.
La respuesta del alcalde Quintero vino pocas horas después, en forma de trinos notificando la designación directa de los miembros de junta que, al final, aceptaron integrarla, tras dos semanas de ofrecimientos fallidos y negativas por parte de profesionales de primer nivel. Con estos nombramientos el alcalde no incumple las normas, pues en efecto está habilitado para hacerlos, pero sí perdió una oportunidad de recomponer un diálogo constructivo y una ruta de perfeccionamiento de los métodos de composición de un órgano de dirección corporativa que atendiera los más altos niveles de buen gobierno. Pero ante todo despreció la oportunidad de trabajar en equipo con la ciudad. Lo hemos dicho, el ego es mal consejero del poder y las agendas personales se notan cuando se está inmerso en una Medellín que sabe cuán lejos ha llegado unida.
Solo el punto de emitir un compromiso de cumplimiento del Convenio Marco de Relaciones entre el Municipio y EPM, y del código de Buen Gobierno, fue atendido, según declaración de la reunión extraordinaria de ayer de la nueva junta. El de la ratificación del gerente lo hizo el propio alcalde en otro trino, acompañado luego de una críptica referencia a que “navegamos entre fuerzas oscuras que se resisten al cambio”. Será el propio alcalde quien dilucide ante la opinión ante qué fuerzas oscuras se enfrenta, y cuál es el cambio que supuestamente le quieren impedir.
Paralelamente, se puso en marcha la iniciativa de veeduría ciudadana Todos por Medellín, cuyos principios fundacionales compartimos, y cuyos objetivos recogen lo que consideramos que tiene un amplio consenso ciudadano: “Lo público es mucho más que lo estatal y, en tanto de todos, debe ser administrado colectivamente”. De allí la pertinencia de “reconocer la necesidad de la participación ciudadana, la coordinación entre las instituciones y sociedad civil en la orientación de los asuntos que nos atañen, nos interesan y son fundamentales para nuestro presente y nuestro futuro”.
La veeduría se compromete a “funcionar con rigor, con base en hechos, datos e información confiable”, y, componente esencial de su funcionamiento, a “no ser vehículo ni espacio para el activismo y la proyección política de plataforma, partido o persona alguna”.
La invitación está abierta a la ciudadanía y al espíritu cívico, para la participación en este mecanismo de acompañamiento y control, tanto de EPM como de la Alcaldía. Y para ésta, en cabeza del alcalde, de sus secretarios y funcionarios de todas las dependencias, a aprovechar la oportunidad de comunicación y vínculo con la sociedad civil, despojándose de prejuicios y etiquetamientos entre “amigos” o “enemigos” de esta administración, pues no es por ahí por donde apunta el ejercicio de la veeduría
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