Transcurridos cinco meses desde las elecciones generales en España (20 de diciembre de 2015), y ante la imposibilidad de lograr acuerdos entre los partidos políticos para constituir una mayoría parlamentaria que permita formar un gobierno estable, los dirigentes se han resignado ya a la convocatoria de una nueva cita electoral, probablemente para el próximo 26 de junio.
El sistema político español es parlamentario. En las elecciones generales no se vota directamente por un presidente, sino por las listas que los partidos políticos presentan para el Parlamento, y este elige a quien será presidente del Gobierno, atendiendo la mayoría parlamentaria que se haya formado previamente. Desde el retorno de la democracia, en 1976, y en particular desde la vigencia de la Constitución de 1978, las elecciones legislativas habían arrojado resultados que permitían a los partidos bien gobernar solos por haber obtenido mayoría absoluta, o bien en coaliciones con no más de tres partidos políticos.
En diciembre de 2015 eso cambió. Y no de forma impredecible, pues el fin del bipartidismo representado en el Partido Socialista (PSOE) y en el Partido Popular (PP) ya venía antecedido de derrotas electorales y de la aparición de nuevas colectividades.
Los dos grandes del bipartidismo parlamentario, que actuaban como si en un régimen presidencialista se encontraran, se ahogaron en su propia corrupción. El partido gobernante, el PP de Mariano Rajoy, que durante años abanderó la transparencia y la honradez política, se hundió en toda clase de prácticas ilícitas y antiéticas. Ni siquiera haber logrado evitar el colapso económico del país le ha permitido recuperar su crédito moral, así siga siendo el partido con más votos.
El PSOE, por su parte, carga con el peso compartido de decenas de casos de corrupción, pero sobre todo con la herencia calamitosa del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) que dejó el país en bancarrota y al borde de tener que ser rescatado financieramente por la Unión Europea.
Nada extraño, pues, que la oportunidad para la aparición de nuevos partidos estuviera servida. Aparecieron el centrista Ciudadanos, de Albert Rivera, un político joven y preparado, y otro de extrema izquierda, acaudillado por Pablo Iglesias, defensor del chavismo y simpatizante declarado del bolivarianismo de Venezuela y Bolivia, países a los que él y sus compañeros han asesorado.
Es visible la desazón entre los ciudadanos por la falta de acuerdos políticos y el largo período sin nuevo gobierno, pero esa situación no puede calificarse como una crisis, pues la repetición de elecciones no sólo no es extraña al régimen parlamentario, sino que está prevista en la Constitución. No había habido necesidad de acudir a ese mecanismo con anterioridad, pero la desaparición del bipartidismo y la necesidad de aprender a formar gobiernos de coalición, como los que funcionan en buena parte de Europa, requieren de esa solución inédita, pero no anómala, de repetir elecciones.
España aún no sale de su crisis económica, y millones de personas no consiguen empleo. Las cifras de crecimiento son reducidas (3,2 en 2015, y un 2,6 para 2016 según previsión del FMI). La incertidumbre política no es positiva. Y la posibilidad de un próximo gobierno de tinte populista inquieta a muchos, ante un PP sin liderazgo y un PSOE plagado de indefiniciones y ambigüedades. Los españoles tienen dos meses por delante de reflexiones y de exigencia a sus líderes para que se tomen en serio los enormes retos que deberán enfrentar para superar la postración en tantos frentes.
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