El propio Gobierno nacional, a través de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, había anunciado la inminente condena a Colombia, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por los hechos posteriores a la toma y retoma del Palacio de Justicia, durante el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Esta sentencia internacional, conocida ayer y que decide el “Caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs Colombia” deja establecido que el Estado colombiano es internacionalmente responsable por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detención ilegal, tortura, tratos crueles y degradantes, violación al derecho a la integridad personal, falta de esclarecimiento judicial de los hechos e, incluso, por no haber prevenido el ataque guerrillero del M-19, estando acreditado que información de inteligencia tenía detectados los planes de toma.
Todos estos crímenes fueron cometidos, dice la sentencia, contra once personas: ocho empleados de la cafetería, dos visitantes del Palacio y una guerrillera del M-19.
Ninguno de los hechos relatados en la sentencia es desconocido para quienes han estudiado los acontecimientos que rodearon tanto la toma guerrillera como la retoma militar del Palacio, con su balance de horror y muerte.
El Estado colombiano, como lo hace constar esta sentencia de la CIDH, había reconocido la desaparición forzada del administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez Vera, y de una de las guerrilleras que participó en la acción criminal del M-19, Irma Franco Pineda. Igualmente, reconoció su responsabilidad por el incumplimiento de la garantía del plazo razonable para la investigación de los hechos.
La pregunta obvia que se hacen muchos colombianos es por qué siempre el Estado es declarado responsable desde todas las instancias judiciales, mientras quienes generaron el holocausto han gozado de todos los perdones, incluyendo el electoral. Pero el caso es que la CIDH lo que examina es la acción del Estado, que es quien suscribe los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos y compromete su responsabilidad en caso de violaciones por parte de sus agentes.
Por ello, es el Estado el destinatario de las condenas. Jurídicamente es así. No obstante, política y moralmente, los colombianos tenemos todo el derecho a extender dichas responsabilidades y juicios de reproche a quienes planearon, decidieron y ejecutaron ese crimen atroz, que, valga decirlo, en la sentencia conocida ayer se le designa suavemente apenas como “acción armada de la guerrilla”.
Según la Comisión de la Verdad dirigida por tres ilustres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia que presentó su informe en 2010, la guerrilla del M-19 ejecutó la demencial toma en buena parte para hacerle un mandado a la mafia del narcotráfico. Para esa agrupación delincuencial nunca hubo aplicación de justicia. Frente a ellos, ningún tribunal adujo o exigió el respeto sagrado a los derechos humanos. Y esas omisiones no pasan desapercibidas para el pueblo colombiano.
El Estado, sus autoridades, acatarán seguramente todas las órdenes emitidas por la CIDH. No podrían hacer otra cosa. La legitimidad del Estado se refuerza con el cumplimiento de la ley y de las sentencias judiciales, así el mismo rasero jamás se aplique para quienes son de verdad los grandes culpables de atroces crímenes contra la humanidad.
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