Las 11.390 víctimas que han dejado las minas antipersonal en el país, entre 1990 y 2016, no solo deben inspirar y obligar la desactivación de esas trampas explosivas, por parte de las Farc, sino que además deben recordar los daños y las restricciones que han traído a la vida cotidiana de las comunidades rurales: población discapacitada, niños y adultos traumatizados, terrenos y caminos prohibidos y mayor animosidad militar de las partes por los combatientes heridos y caídos.
La mutilación producida por esas armas no convencionales no solo ha sido de miembros físicos y de vidas destrozadas, también ha significado restricciones a la movilidad, a la recreación, a la educación, a la producción agrícola. Un recorte de libertades ciudadanas y sociales en muchas direcciones.
Cabría recordar el caso de los tres niños huérfanos por una mina en Dabeiba, Antioquia, a finales de 2009, que regresaban de la escuela y vieron volar por los aires a su mamá y luego a otros dos familiares que intentaron ayudarla. Las minas que han estallado cerca a escuelas, centros comunitarios, caminos reales por los que el campesinado cruza rumbo a los poblados donde vende sus cosechas e intercambia productos.
O las minas que buscan impedir el acceso de la fuerza pública a áreas de cultivos ilícitos y minería ilegal, o a zonas campamentarias y de retaguardia de la guerrilla, con las familias campesinas de por medio. Artefactos sin la debida ubicación-identificación, porque por supuesto no tendrían “utilidad” para los subversivos como trampas contra las Fuerzas Armadas.
Por estas razones y con el desplazamiento de numerosos labriegos que prefirieron ponerse a salvo, incluso en algunas regiones donde las Farc amenazaron con multar a los civiles que activaran las minas, llegó una inestabilidad social que debe ser corregida.
Estas limitaciones y problemas agrícolas, productivos, de cohesión social y de seguridad, según los habitantes de Orejón, en Briceño, no fueron atendidos de manera oportuna e integral por el Gobierno Nacional. Además, en paralelo, las Farc mantuvieron en esa vereda la siembra y control de cultivos ilícitos y algunos sectores sin desminar.
El anuncio de que en Antioquia otros tres municipios serán desminados (Ituango, Argelia y San Luis), debe servir para que las instituciones y planes del Gobierno, liderados por el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, amplíen su presencia e impacto.
En estas tres y otras 13 localidades del país (Sumapaz, Cabrera, Simití, Montelíbano, Puerto Libertador, San Juan de Arama, Cubarral, Guamal, San Martín, San Juan de Pasto, Ataco, Carurú y Mitú) debe cumplirse la promesa del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo: “Que la paz signifique mayor seguridad en todos y cada uno de los rincones del país y lleve a una transformación social positiva”.
El proceso debe facilitar que las comunidades desarrollen y expresen puntos de vista en el contexto del desminado, pero también frente al proceso más amplio en que se insertan: el del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, desde las regiones afectadas más directamente por la confrontación.
La tarea técnica, concreta y práctica, es el desminado, pero con ella hay que desactivar otros factores (causas y efectos) que impiden el fortalecimiento de comunidades y ciudadanía en esos territorios.
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