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El debate sobre el salario mínimo
El aumento del salario mínimo por encima de la inflación podría ser fatal en un país con una elevada informalidad laboral como el nuestro.
Como en todos los años por esta época, se comenzó a reunir formalmente la Comisión de Concertación con el propósito de determinar el aumento del salario mínimo que regirá para Colombia en el año 2019. El debate es muy importante, tal vez uno de los más significativos que se realizan cada año y que, de forma desafortunada, termina siendo uno de los menos profundos y eficaces. En la mayoría de las veces el aumento del mínimo debe hacerse por decreto, ante la imposibilidad de lograr un consenso entre las partes, con propuestas de aumento que no logran acercarse.
No sobra recordar la importancia que tiene esta variable como una señal fundamental para los mercados. En el laboral debería ser un instrumento de política trascendental, una asignación que no cumple porque está aislada, no interactúa con las consideraciones laborales generales que apuntan a mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos. De otro lado, es un ingreso que percibe una parte importante de la fuerza laboral, por esa razón, por su importancia para reducir la inequidad en los ingresos, es crucial definir adecuadamente su senda de crecimiento. En efecto, la remuneración mínima, hoy en 781.242 pesos, se estima, la reciben un millón ochocientos mil trabajadores formales y puede haber un número de alrededor de diez millones de personas que ganan menos de ese valor en el mercado informal.
Hay otros factores que deben sopesarse en la discusión. Un aumento exagerado del mínimo tiene efectos sobre los costos de las empresas y también consecuencias sobre un buen número de precios administrados que están atados a este ajuste. Todo esto con impactos sobre la inflación. Así, un aumento desproporcionado del salario mínimo vuelve demasiado onerosa la contratación formal de trabajadores por parte de las empresas.
También hay que considerar que en esta ocasión hay algunos elementos inéditos en el debate. El primero de ellos es el trámite de un proyecto de ley que plantea una prima adicional para los trabajadores, equivalente a medio sueldo anual. Esto conlleva una presión adicional sobre los costos de los empresarios, que vendría a sumarse al aumento del salario mínimo. El gobierno, por su parte, va a hacer también una propuesta inicial sobre el aumento, seguramente generosa, según las declaraciones iniciales de la ministra de Trabajo, una señal que posiblemente va a acortar la discusión y determinar el rumbo que pueda tener la decisión final.
Lo esencial para tener en cuenta es que el aumento del salario mínimo no debe superar largamente la meta de inflación esperada de la autoridad monetaria (entre 2-4 %). El cálculo debe tener en cuenta la productividad laboral para evitar las presiones de costos, con consecuencias inciertas sobre la inflación. Las pretensiones de un aumento del 10 % o más del salario mínimo por parte de los sindicatos no generarían sino efectos indeseables. El aumento de la inflación terminaría costando caro a los trabajadores que en un principio percibirían un aumento en su ingreso, pero más adelante verían cómo este desaparecería, anulado por la inflación. Además, el aumento del salario mínimo por encima de la inflación podría ser fatal en un país con una elevada informalidad laboral como el nuestro. Con un mínimo excesivamente alto se encarece la formalización del empleo y solo se empeoran las cosas.
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