Durante los cinco años del gobierno de Juan Manuel Santos la economía colombiana ha tenido avances destacables. Además del adecuado manejo macroeconómico y la implementación de algunas reformas económicas, el auge de los precios internacionales de las materias primas ha favorecido tales logros.
Así, desde 2010 el país ha registrado, en promedio, una tasa de crecimiento por encima del 4,5 por ciento anual, ubicándose entre las economías de mejor desempeño en el ámbito latinoamericano.
Este ambiente de expansión y desarrollo ha favorecido la generación de empleo, permitiendo que, finalmente, la tasa de desempleo se haya mantenido en un dígito y con tendencia a la baja. A junio de 2015 dicha tasa era de 8,2 por ciento.
Adicionalmente, gracias a las reformas implementadas por la actual administración los niveles de informalidad se han reducido.
Los recursos públicos incrementales, producto del auge minero-energético, permitieron adelantar una política social ambiciosa que ha favorecido la disminución de los niveles de pobreza, el mejoramiento de las condiciones de vida de mucho hogares y la ampliación de la clase media.
No obstante dichos resultados, la excesiva dependencia del sector minero-energético ha tenido sus costos. El más importante ha sido el impacto que la revaluación del peso tuvo sobre el aparato productivo. A cuenta de ello la industria está postrada y la agricultura no despega.
Infortunadamente, la Administración Santos no ha propiciado la implementación de medidas efectivas para mejorar la competitividad o para utilizar intensivamente los TLC, de tal forma que los impactos indeseables antes referidos se pudieran compensar.
En las primeras faltó contundencia y eficacia, al punto que en el ranquin mundial de competitividad el país no registra mayores avances. En materia comercial, y a pesar de que durante la actual Administración se concretaron los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, las políticas públicas no han creado las condiciones necesarias para su adecuado aprovechamiento.
No obstante lo anterior, el Gobierno presenta avances sustanciales en dos campos de gran importancia para el desarrollo general. Ellos son el de las Tecnologías de las Comunicaciones y la Información (TIC) y la infraestructura.
En materia de TIC, se registran mejoras sustanciales en cobertura y acceso. Por su parte, aunque las reformas institucionales implementadas y la definición de los planes y los proyectos en infraestructura han tomado más tiempo del esperado, ya se comienzan a ver sus frutos.
Si gracias al auge minero-energético el país presenta avances de cierta magnitud, con su caída han surgido los problemas que el gobierno Santos debe enfrentar si se quiere retomar la senda de desarrollo y consolidar los logros económicos y sociales.
Además de dinamizar la economía (que se ha desacelerado en estos últimos meses) y para lo cual es necesario apurar la ejecución del Pipe 2,0 y el programa de infraestructura, los problemas que con mayor urgencia deben ser atendidos son la delicada situación fiscal y el alto déficit comercial.
Para lo primero no hay otra solución que poner en práctica la reforma tributaria estructural que este Gobierno ha evadido repetidamente. Ello debe ir acompañado de medidas que hagan el gasto público más eficaz.
Para lo segundo, se requiere que las políticas comercial y de transformación productiva pasen de los anuncios a su aplicación efectiva. Para ello, el reto de la diversificación de las exportaciones debería recibir mayor prioridad, al igual que las políticas de innovación y competitividad.
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