La satisfacción de los derechos de las Víctimas del conflicto armado en Colombia está lejos de ser plena y tal vez -es infortunado aceptarlo- nunca lo sea, en el sentido más ideal y justo. Pero ayer el Gobierno y las Farc firmaron un acuerdo que recoge buena parte de las aspiraciones siempre descuidadas, y con frecuencia desatendidas en otros procesos de desmovilización y paz, de quienes han sufrido la violencia de la guerra interna en el país.
Hablamos de las Víctimas de todas las condiciones de origen social, cultural, regional y étnico y de toda actividad económica, política e intelectual. Las Víctimas, todas, con mayúscula, porque de ellas provienen la urgencia y la necesidad misma de poner fin a la confrontación y al riesgo, aún posible, de que cada día se sigan multiplicando.
Para los negociadores, la redacción y firma final del punto 4 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, anunciado ayer en La Habana, se trata de haber situado a las Víctimas en el centro de las discusiones y los pactos, y de diseñar un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición -de 75 puntos, que analizaremos en detalle en un próximo editorial-.
Habría que mencionar que el genocidio, los delitos de lesa humanidad, crímenes atroces y de guerra no recibirán indultos ni amnistías (tortura, violencia sexual, desaparición y desplazamiento forzados y sustracción y reclutamiento de menores, entre otros).
No hay que apresurarse a validar o destacar desde ahora los detalles de los contenidos y disposiciones de lo acordado. Hay que advertir, eso sí, que las Farc dejaron atrás aquel tono irónico en que le dijeron al país, hace tres años, al instalarse el proceso en Oslo, Noruega, que no eran victimarias (¡!).
Entonces, más que un desarrollo jurídico (constatable, si se compara esta con otras negociaciones entre el Estado y grupos rebeldes), hay un avance político y del Estado de Derecho, al que se acogerían las Farc si se da la firma final del acuerdo, en tanto que esa guerrilla, que nunca aceptó la validez y pertinencia del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los tratados y estatutos mundiales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hoy suscribe un acuerdo que los tiene como su base y estándar.
Es comprensible que aún haya resistencias de grupos de Víctimas y opositores del proceso, como las hay incluso dentro de las mismas Farc, frente al perfeccionamiento posible del acuerdo. Pero hay aquí, de firmarse la totalidad de los acuerdos en unos meses, un nuevo contrato con la sociedad colombiana, por parte del Gobierno, y especialmente de las Farc, para reparar los daños a las Víctimas y para no repetir esa tragedia humanitaria que ha marcado a decenas de generaciones.
Mucho cambiaron el tono, el lenguaje y los contenidos de los discursos pronunciados por “Iván Márquez” en octubre de 2012 y ayer. De aquella urdimbre forzada de líneas, aún amarrada a los panfletos y los estribillos marxistas, con pasajes de un lirismo poético desencajado, a lo dicho este martes, hay un trecho: el de la aceptación de un tránsito -que será complejo y paciente- a la vida democrática, sin armas. Y sin más Víctimas.
Han ocurrido, como lo señaló ayer el comunicado conjunto, “un sufrimiento y un daño a la población sin igual en la historia”, con más de seis millones de Víctimas. Por eso no se puede ignorar que, después de más de 50 años de conflicto, se pasara de la retórica a la firma de un documento concreto, de este alcance, en tres años de negociaciones. Ello requiere la singular templanza de quienes desde la democracia nos sentimos con derecho a condenar los actos de violencia de las Farc, pero que ahora nos vemos llamados a actuar con la apertura necesaria para incorporarlas a los espacios en los que deberán respetar las reglas de juego del modelo de sociedad, de Constitución y de leyes que aquí rigen por mandato popular .
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