La expansión del denominado “Clan del Golfo”, mediante su presencia directa o la alianza con bandas y combos de Medellín y el Valle de Aburrá, exige que las autoridades se empleen a fondo en el combate a una estructura que, aunque busca alternativas de sometimiento a la justicia, aumenta su penetración e influjo sobre las dinámicas criminales de la ciudad.
La Alcaldía y su Secretaría de Seguridad tienen indicios verificados y concretos de que la agudización de los choques entre grupos ilegales en Altavista y Zafra, por ejemplo, los tres últimos meses, recibe el refuerzo de integrantes y armamento llegados de otros barrios como La Sierra e incluso de pistoleros desplazados de Urabá, del Bajo Cauca y de los mismos corregimientos de Medellín.
Así que no es aceptable ningún “parpadeo” del gobierno local y de la policía en la persecución de una organización que, al tiempo que manifiesta el interés de acogerse a mecanismos jurídicos alternativos, refuerza sus redes y actividades delincuenciales, y sus fachadas legales, en la capital de Antioquia.
Un informe reciente de este diario detalló como desde 2008, cuando el “Clan” contaba con mínimos recursos (en hombres, armas y logística) emprendió un proceso de penetración en las comunas del centroriente y centroccidente, áreas estratégicas de corredores al Valle de San Nicolás y Rionegro y hacia Urabá y el Norte antioqueño.
Desde entonces, aprovechando las guerras internas de otra estructura como “La Oficina”, la organización al mando de alias “Otoniel” (Dayro Antonio Úsuga) se asentó en territorios de la periferia urbana que le permiten “atenazar y entrar y salir” de comunas y vecindarios clave para el “portafolio de la economía ilegal”, dentro y fuera de la ciudad y del país.
Por su crecimiento como “empresa criminal”, el Clan del Golfo es un asociado más de superestructuras transnacionales del crimen que pasan por Centroamérica, México, EE.UU., Europa, Asia y Oceanía. Cómo no pensar entonces que su voluntad de sometimiento es paralela a su participación permanente en el entramado criminal del hemisferio, extendido a través de socios internacionales.
Acciones específicas, a lo largo de casi una década, confirman el empoderamiento de esa estructura en Medellín: matanzas y asesinatos selectivos de rivales directos, “paros armados” con quemas de vehículos de servicio público y presión sobre el comercio y ataques a la policía; microtráfico de drogas, extorsión, venta ilegal de lotes, secuestros y robos, son parte del expediente de los también llamados “Urabeños” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.
Aunque el Gobierno Nacional haya confirmado el lunes que está listo, para su trámite en el Congreso, el proyecto para someter a las bandas criminales, que por supuesto incluiría al Clan del Golfo, Medellín y las alcaldías del área metropolitana no pueden bajar los brazos ante este poderoso enemigo de la seguridad, la legalidad y las instituciones.
En contravía de lo expresado años atrás por un general de la Policía, en Medellín no se está ante “una fábula” sino frente a una amenaza real a la sociedad local y nacional, con socios, mercados e intereses globales. Un grupo que pactó estratégicamente con otros la reducción de homicidios y el bajo perfil de su criminalidad, mientras que afianzaba su poder, tiene que ser un objetivo prioritario de las autoridades.
