Los daños sociales y morales causados por las fallas estructurales en el Edificio Bernavento, y su inevitable orden de implosión, son tan o más graves que los económicos. Y lo constituyen no solo para los copropietarios de la torre de 48 apartamentos que deberá ser derribada sino también para el patrimonio que es la confianza ciudadana en las instituciones públicas y privadas de Medellín.
El caso Bernavento, que por fortuna igual que en el conjunto Space ameritó una orden oportuna de evacuación a sus residentes, lesiona el capital tangible e intangible de los dueños de las viviendas y ocasiona un daño reputacional para la ciudad que se debe atender de inmediato: ni las curadurías ni las constructoras pueden ser parte de una cadena productiva al garete, laxa, permisiva.
Primero Space, ahora Bernavento, proyectos que se incubaron una década atrás, con la infortunada intervención del mismo ingeniero calculista, son sucesos que deben imponer un cuidadoso sistema de controles y un decálogo de ética irrenunciable, en lo público y lo privado, a todos los actores del gremio de la construcción regional y nacional.
En Bernavento, las familias propietarias no solo están perdiendo en el costo base de sus inmuebles, sino que además verán dilapidarse 60 millones de pesos más, por cada una, en unos estudios de repotenciación que finalmente no pudieron salvar el edificio de la decisión de derribarlo. A todo ello cabe hacerle las proyecciones de créditos y gastos de acondicionamiento propios de la inversión en una vivienda, para dimensionar la tragedia y la ruina que derivan de esta nueva serie de negligencias, yerros y engaños.
La Sociedad Antioqueña de Arquitectos e Ingenieros (SAI) acaba de llamar la atención en las páginas de este diario sobre el rigor con que los actores deben asumir el cumplimiento de las normas. “Solo tenemos una curaduría en propiedad, porque las otras tres están en provisionalidad”. Esas no pueden ser las condiciones en que se expidan licencias, menos cuando algunos particulares anteponen intereses o necesidades a la cuidadosa y exigente tarea que representa levantar construcciones habitacionales o de infraestructura.
Medellín debe, literalmente, sentar las bases de un renovado protocolo, de la más alta exigencia, que le sirva de ejemplo al país para evitar golpes tan dolorosos como Space y Bernavento, o los del centenar de edificios sin licencia en Cartagena. Esta coyuntura ruinosa, este momento que mezcla indignación e incertidumbre, también en los copropietarios de otros proyectos como Asensi y Continental Towers, demanda un ejercicio de autoridad vertical y de autocrítica institucional de los sectores público y privado.
Ahora sigue, como se ha anunciado, el cauteloso operativo para derribar Bernavento, en la dirección de causar el menor daño posible a las edificaciones próximas y a las redes de servicios públicos que sirven este sector de la Loma de los Bernal. Qué duro resulta hablar en estos términos de una torre de apartamentos con apenas diez años de uso.
Hay por supuesto un terreno de demandas y responsabilidades legales que deben recorrer los afectados, para el cual ofreció acompañamiento la Alcaldía de Medellín, y ante el que se espera la acción firme de los organismos de control e investigación, para que Bernavento no termine derribado, además de sus fallas estructurales, por la impunidad y la inoperancia jurídicas.
