Ha causado revuelo la iniciativa del senador Álvaro Uribe plasmada en un proyecto de Ley, que tiene como propósito fundamental otorgar al presidente de la República facultades extraordinarias para que pueda incrementar por solo una vez el salario mínimo. El incremento debería consignarse en una cuenta constituida a nombre del empleado en un fondo de cesantías.
La propuesta puede parecer interesante para algunos, en un momento del ciclo económico en el cual el gasto de los hogares está limitado por su reducida capacidad adquisitiva. De esa forma, la medida podría contribuir a consolidar la tímida recuperación en curso y superar la trampa de bajo crecimiento en que se encuentra atrapada la economía, con las consecuencias que eso trae sobre el deterioro de los indicadores sociales.
Los reparos, sin embargo, son de diversa índole. Hay argumentos jurídicos y económicos para desvirtuarla. Dentro de los primeros, el más pertinente es que se trata de una propuesta que proviene de la Rama Legislativa y afecta el accionar de la Rama Ejecutiva, podría entonces tener consecuencias sobre la independencia de los poderes y, en esas condiciones, es muy probable que no resista el examen de la Corte Constitucional, pero sí aumentaría la incertidumbre para los diferentes agentes de la economía.
De otro lado, la propuesta irrumpe en el mecanismo institucional establecido para determinar el incremento anual del salario mínimo, en el cual participan todos los interesados (gobierno, sindicatos y gremios) en la llamada Comisión Permanente de Concertación y Políticas Salariales, que se reúne con el fin de examinar en profundidad las principales variables involucradas en la decisión, con especial énfasis en la productividad, y sopesar, asimismo, las consecuencias macroeconómicas de la disposición que se tome.
El eventual incremento en el salario mínimo tocaría no solamente a los trabajadores formales que lo perciben, cerca de 1,8 millones, según los estudios sobre el tema, sino también a buen número de precios administrados que están atados a ese aumento. Sin duda, ese mecanismo también se vería afectado y podría generar dificultades en el manejo de ciertos rubros importantes para las autoridades económicas.
Podría suceder, asimismo, que el aumento del salario mínimo que se está sugiriendo termine incrementando la informalidad y el desempleo, pues enganchar trabajadores en esas condiciones se vuelve demasiado oneroso. También es posible que el impacto sobre los costos de las empresas sea directo y se podrían dar presiones inflacionarias. Algunas empresas podrían subir sus precios para mantener sus márgenes ante el aumento en costos y eso sería una mala noticia para la inflación. El aumento de la inflación terminaría costando caro a los trabajadores que en un principio verían un aumento en su ingreso, pero más adelante verían cómo este desaparecería, anulado por la inflación.
Faltaría mencionar, por último, la forma como los mercados internacionales y las calificadoras de riesgo percibirían una iniciativa como esta, que de prosperar pondría en evidencia un manejo económico poco serio, costoso para la reputación del país frente a ellos y que realmente no tendría mayores beneficios para la economía. La audacia política que representa la propuesta no tendría sino efectos negativos en la esfera económica.
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