En diversos reportes este diario ha evidenciado los exagerados incrementos que en lo corrido del año ha tenido el precio del arroz a nivel de los mercados mayoristas y al consumidor. Estos aumentos han llegado a ser, en la ciudad de Medellín, de hasta un 50 por ciento. Por su parte, el Dane reportó que la cotización del arroz de primera ha aumentado en los 31 mercados en donde se comercializa este bien.
Estos exagerados crecimientos han afectado el consumo de las familias, siendo las de menores ingresos las más perjudicadas ya que en muchos casos han debido dejar de consumir este bien básico de la canasta familiar. En otros casos, los hogares se han visto obligados a sustituir en la dieta alimentaria el arroz por otros productos de menor calidad nutricional.
El impacto sobre la alimentación y la nutrición de los colombianos es a todas luces indeseable pues afecta el bienestar de las personas. Adicionalmente, como lo evidencia un estudio de Fedesarrollo, un aumento del precio del arroz conlleva mayores niveles de pobreza.
Colombia, aunque es productor de arroz, no se autoabastece completamente, lo que obliga a que, en ciertos momentos, se deba importar el cereal.
Por su parte, la producción nacional, antes que soportarse en elevados niveles de productividad y competitividad, responde a la alta protección arancelaria de la que goza el sector arrocero, lo que implica que los consumidores colombianos deban pagar precios muy superiores a los internacionales y que, como ocurre actualmente, no obtengan mayores beneficios de la caída de los precios externos.
En otras palabras, como ocurre con muchos productos agrícolas que sustituyen importaciones, es el grueso de la población (incluidos los grupos más pobres) quien termina pagando las ineficiencias productivas del agro.
Esta estructura de mercado tan cerrada determina que cualquier excedente o déficit que se presente en la producción nacional impacte el abastecimiento y, por ende, los precios del arroz. Como las importaciones se encuentran altamente reguladas, resulta muy difícil recurrir a los mercados externos como el mecanismo que al final estabilice la oferta y los precios.
Además, en situaciones como las que se tiene actualmente (en la cual los altos precios parecen estar asociados a un relativo desabastecimiento resultado a su vez de una menor producción interna) algunos actores de la cadena (como los agricultores y la industria) no se muestran interesados en que se importe, pues esto afectaría sus niveles de rentabilidad.
El Gobierno, haciendo eco de lo que señalan los productores de arroz, se mantiene en la tesis de que el mercado nacional está adecuadamente abastecido y le pide a la Superintendencia de Industria y Comercio que investigue los brotes especulativos y aplique las sanciones del caso.
Esta actitud lleva a que, contrariando las normas del mercado, no se promuevan las importaciones y, por ende, se conserven las condiciones para que los precios se mantengan altos, se favorezca la retención de inventarios, y se castigue a los consumidores con mayores precios y menores (o nulos) niveles de consumo.
Frente a la evidente falta de información sobre el mercado del arroz, el Gobierno debe esclarecer lo que ocurre en esta cadena, para así adoptar las medidas necesarias (incluida la autorización de mayores importaciones) que aseguren el adecuado abastecimiento de este vital alimento y, por ende, se les garantice a los consumidores el acceso a precios justos.
