Después de dos meses de paro nacional universitario, los estudiantes, profesores y el Gobierno finalmente llegaron a un acuerdo para un aumento en el presupuesto para la educación. El acuerdo es histórico porque alivia la situación financiera de las 61 instituciones públicas de educación superior, pero también porque demuestra la madurez de quienes participaron en la negociación y oyeron las razones de la contraparte, hasta llegar a acoger conjuntamente propuestas que resultan factibles y sostenibles en el tiempo.
Los dirigentes estudiantiles y profesorales expusieron con vehemencia la aguda crisis de la educación superior pública, movilizaron a sus bases por medio de 13 marchas y participaron en 16 sesiones de discusión. Lo más importante es que el movimiento fue en general pacífico, aunque no faltó la acción de los vándalos que quisieron apropiárselo. Con la contención y el repudio a los violentos, estudiantes y profesores supieron mantener las banderas del movimiento y lograr la simpatía de buena parte de la población que entendió la justa razón de las peticiones de los participantes en las marchas, a pesar de que se vio muy afectada en su vida cotidiana.
Hay que aplaudir la actitud del Gobierno, en cabeza de la ministra de Educación y del presidente Iván Duque, que mantuvo siempre abiertas las puertas del diálogo. En momentos de afugias fiscales el Gobierno tuvo una actitud responsable y pudo aumentar en 4.5 billones de pesos el presupuesto de la educación superior para el cuatrienio 2019-2022. De estos recursos, $1,34 billones se destinarán a la base presupuestal de las instituciones públicas de educación superior. Este dinero comenzará a crecer gradualmente con una regla indexada con los precios al consumidor (en 2019 crece IPC+3,5 %, en 2020 es IPC+4 %, para 2021 IPC+4,5 % y en 2022 IPC+4,65 %).
Queda ahora esperar que las partes cumplan los compromisos. El primero, el del Gobierno para honrar las promesas sobre los recursos que pactó. Las universidades, por su parte, deben mejorar en el manejo de esos recursos y elevar la calidad de sus programas académicos. Los estudiantes y profesores deben estar vigilantes a la ejecución adecuada de los recursos públicos y deben poner de su parte en sacar adelante tres semestres en 2019. El primero de ellos, el que se aplazó por los eventos de 2018, y los dos restantes los normales del año entrante. Es de esperar que las asambleas estudiantiles entiendan lo que está en juego y permitan que el paro se levante una vez satisfechas las peticiones que lo provocaron.
Con el acuerdo, el Gobierno deja en claro su compromiso con la educación. Los recursos que se han destinado en este rubro en el presupuesto son históricamente altos y reflejan un deseo de hacer las cosas bien, con una política pública que tiene la gran virtud de mejorar en la equidad y propiciar la formación de capital humano que permite un mayor crecimiento económico en el futuro. En un arranque de gobierno que ha resultado tan complicado, el haber podido llegar a este acuerdo, para nada fácil, es finalmente una muy buena noticia. Mejorar en educación es una apuesta que nos favorece a todos los ciudadanos y es la mejor de las banderas que puede levantar el gobierno del presidente Duque. Así las cosas, el acuerdo representa una esperanza para miles de bachilleres que la única posibilidad que tienen es el acceso a la universidad pública.
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