El miércoles pasado el Congreso de la República aprobó el monto total (235,5 billones de pesos) y la distribución del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, en la que los sectores de educación (37,5 billones de pesos) y defensa (31,6 billones) resultan ser los más favorecidos.
Por su parte, el monto destinado a la inversión pública, rubro sobre el que recae el obligado ajuste en las finanzas oficiales, terminó siendo mayor (40 billones de pesos) a la propuesta gubernamental que era de 34 billones de pesos. Aun así, la inversión se contrae, con respecto a 2017, en 2,8 por ciento.
Desde que el Gobierno presentó el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para 2018 se hizo evidente que la situación fiscal del país continúa siendo frágil y que a la hora de las definiciones muchos sectores terminarían viendo reducidas sus asignaciones con respecto a las de los últimos años.
El ajuste a la baja en la inversión, asunto que para la sociedad termina representando un alto costo, pues con ello se está comprometiendo el crecimiento y el desarrollo futuro, responde a la necesidad que se tiene de proveer los recursos para financiar otros rubros de obligatorio cumplimiento.
Entre ellos están las transferencias de ley (107,5 billones de pesos), el servicio de la deuda (48 billones) y los gastos de personal y generales (38,6 billones).
Estos compromisos, más el pago de pensiones, representan las principales inflexibilidades que estructuralmente presenta el PNG y los cuales hacen que, en momentos de afanes fiscales como los que se viven, los recortes en la inversión pública sean la forma como se terminan saldando las cuentas.
Precisamente, para el año entrante, y en razón de lo establecido en la regla fiscal, el Gobierno está obligado a reducir el déficit fiscal (que este año deberá ser del 3,6 por ciento) a 3,1 por ciento del PIB.
Esto se da en momentos en que la caída de la renta petrolera todavía impacta de manera importante el flujo de ingresos del fisco nacional.
El Gobierno ha dicho que, en conjunto con el Congreso, en el último momento se arbitraron recursos por 720.000 millones de pesos para subsanar las dificultades financieras que enfrentan las universidades públicas y los hospitales, y se realizarán algunas obras para la celebración de los 200 años de la Independencia de Colombia.
Sin duda, en la distribución de los recursos presupuestales, los programas sociales, que responden a la prioridad gubernamental de avanzar en materia de equidad y educación, salieron relativamente bien librados.
Sin embargo, los programas para el posconflicto (rubro que está íntimamente asociado a otra prioridad del Gobierno como es la paz) van a disponer de solo 2,4 billones de pesos.
Estos recursos lucen muy limitados si se tiene en cuenta que Fedesarrollo estima que el costo de la implementación del Acuerdo de Paz (durante un período de 15 años) es de 129,5 billones de pesos, de los cuales 46,7 billones deben ser financiados a través del PGN.
Como lo han expresado diversos expertos (incluidos Fedesarrollo y Anif) y lo deja ver el Presupuesto de 2018, para los próximos años la situación fiscal del país se presenta compleja y retadora. En particular, se considera que más pronto que tarde deberá implementarse una nueva reforma tributaria y realizarse un fuerte ajuste en el gasto público.
