Mi deber y mi responsabilidad es agotar todas las vías, absolutamente todas, para encontrar una solución dialogada y pactada a un conflicto que es político y que es de naturaleza democrática.
Mi deber era intentarlo honesta y lealmente para evitar el impacto sobre nuestras instituciones de la aplicación del artículo 155 tal y como lo ha aprobado el Consejo de Ministros y se aprobará en el Senado. Es una aplicación fuera de la ley, abusiva e injusta, que busca erradicar no sólo el soberanismo sino toda la tradición del catalanismo que nos ha llevado hasta aquí. No acepto estas medidas, por injustas y porque esconden casi sin disimular la intención vengativa de un Estado que se vio derrotado el día 1 de octubre.
Corresponde al Parlament proceder con lo que la mayoría parlamentaria determine en relación a las consecuencias de la aplicación contra Catalunya del artículo 155. Nadie podrá reprochar a la parte catalana voluntad de diálogo y de hacer política. Pero una vez más comprobamos, con mucha decepción, que la responsabilidad sólo nos es exigida y presionada a unos, y a otros se les permite su absoluta irresponsabilidad. Es la lógica de una política hecha a base de gritos como el “a por ellos” en lugar de una basada en el “con ellos”.
Regístrate al newsletter