El hecho de que el ministro de Salud haya anunciado un dinero que le va a inyectar al sistema de salud es un gesto que indica que quiere buscar una solución. Aunque esa cantidad de dinero es insuficiente. Al San Vicente Fundación, por ejemplo, se le deben 250 mil millones de pesos. Ahí tenemos las facturas, que han sido avaladas, nada de eso es inventado. Entonces la plata que anuncia el Gobierno no daría ni para cinco hospitales de nuestro tamaño. Pero lo entendemos como un alivio.
El Gobierno va a tener que sentarse a mirar el problema del sector salud, que no está financiado. Si las EPS no nos pagan no es porque no quieran, sino porque tampoco tienen el dinero. La Unidad de Pago por Capitación (UPC) no alcanza para todo lo que hay que cubrir.
Para reconducir esto, hay que definir un plan de beneficios explícito, decir qué es lo que está cubierto, tasarlo para que se fije una UPC que cubra esos riesgos. Es el Gobierno el que tiene que resolver este problema, tiene que ejecutar la ley estatutaria que define la salud como derecho fundamental y garantizarles a los ciudadanos el acceso a ella.
Los jueces, por su parte, cumplen con su labor. Hay casos en que se exceden, pero en general lo que hacen es cumplir la ley, que garantiza el derecho a la salud.
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