El Gobierno Nacional pone a consideración de la ciudadanía el presente plan como parte de sus esfuerzos por brindar una respuesta contundente, tanto a las demandas internas de mayor seguridad y respaldo a quienes han asumido el liderazgo en la promoción y salvaguarda de los derechos humanos, como a las obligaciones establecidas en los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes.
Las entidades del Gobierno Nacional han establecido que solo en 2018 se reportaron 236 casos de presuntos homicidios a defensores de derechos humanos.
Tal situación ha afectado principalmente a los defensores de derechos humanos y líderes sociales presentes en los departamentos de Nariño, Chocó, algunas zonas de Antioquia, Córdoba, Cauca y Norte de Santander, aunque no es un fenómeno exclusivo de estos territorios. Por el contrario, este se presenta, aunque con distinta magnitud, en municipios pertenecientes a 26 de los 32 departamentos del país, que tienen en común el encontrarse afectados por la presencia de actividades como la minería ilegal, los cultivos de coca, marihuana y amapola, y el desenvolvimiento de negocios vinculados con el narcotráfico.
El 65 % de los casos, es decir, 139 hechos, ocurrieron en zona rural, mientras que 74 en áreas urbanas, lo cual muestra la importancia de desarrollar acciones focalizadas, acorde con las especificidades de estos territorios.
