Se adelantó un proceso clandestino. La defensa pidió que fuera público (...) El Congreso, de manera arbitraria y por orden del gobierno nacional, resolvió tramitar el asunto en sesiones reservadas (...). Existe un abierto y descarado interés del gobierno de sacarme inmediatamente de la Corte Constitucional. Quieren expulsarme a como dé lugar para que no participe en la discusión del plebiscito por la paz ni de las leyes relacionadas con el proceso de La Habana. Lo más fácil para mí era haber renunciado hace unos meses pero no lo haré por la dignidad de esta Corporación, porque no hay derecho a que el gobierno arrodille a los demás poderes públicos para hacer aprobar lo que le venga en gana.
La resolución de acusación del representante instructor Julián Bedoya está colmada de suposiciones y de conclusiones falsas. Todo el proceso está construido sobre chismes (...) De la supuesta solicitud de dineros, no se pudo probar nada, porque simplemente no hay forma de hacerlo puesto que nunca pedí un centavo.
No renunciaré a la Corte porque soy inocente. Como ciudadano, como jurista, como magistrado de Alta Corte, respeto y me inclino reverente ante la majestad de la justicia, pero no me inclino ni respeto la arbitrariedad (...).