El crecimiento del desplazamiento interno está relacionado con la lentitud en la implementación de los acuerdos de paz.
En las regiones donde esto está ocurriendo no han llegado las políticas anunciadas en materia de tierras, protección, cultivos y garantías de seguridad. Esto les deja el camino libre a grupos armados y las economías ilícitas.
Las cifras de Naciones Unidas coinciden con las de la Defensoría del Pueblo, pero están por debajo de la crisis, porque no incluyen el confinamiento que padecen numerosas comunidades, asunto tan grave como el desplazamiento. Estas quedan atrapadas en medio de la violencia, sin poder proteger sus vidas huyendo a otros lugares.
La situación es grave pero no puede decirse que es similar a la de los momentos más crudos del conflicto armado. Hemos tenido cifras promedio de 100.000 desplazados internos anuales, mientras que en la década pasada llegábamos a los 300.000.
Es una situación crítica y agravada en zonas como Chocó, Catatumbo, costa nariñense, norte del Cauca y Antioquia, especialmente. Son más o menos 150 municipios en los que persisten factores muy críticos de dinámicas de violencia por la acumulación de riquezas o de poderes.
