Hoy el sindicato Sintraisagén y la Red de Justicia Tributaria (RJT) radicarán una nueva acción de nulidad ante el Consejo de Estado alegando que el reglamento de la subasta del 57,61 por ciento que aún tiene la Nación en Isagén, condujo a que solo hubiera un oferente, el fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Managemet (BAM), adjudicatario el 13 de enero pasado.
“El centro de la demanda es que el reglamento no condujo a maximizar los recursos del Estado al asegurar que hubiera una puja efectiva y que se terminará adjudicando al precio mínimo (6,49 billones de pesos”, explicó el presidente de Sintraisagén, Óscar Vallejo Giraldo.
Además cuestionó que Creddit Suisse, banca de inversión que junto a la firma Inverlink fue contratada por el Gobierno para realizar la valoración de la acción de Isagén tenga entre sus clientes a BAM, ganador solitario de la subasta.
Entre tanto, en la tarde de ayer se instauró una acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que solicita medidas cautelares de urgencia que suspendan la enajenación de las acciones.
Los demandantes son los senadores Antonio Navarro (P. Verde), Viviane Morales, Sofía Gaviria (P. Liberal), Jorque Enrique Robledo (Polo) y Ernesto Macías (Centro Democrático) y el representante del Comité por la Defensa de Isagén, José Roberto Acosta.
Entre otras pretensiones, la demanda solicita “que se ampare el derecho colectivo la libre competencia económica, que fue vulnerando tras adelantar el proceso de enajenación con un oferente único”.
Al respecto, Navarro explicó a este diario que se solicita la suspensión hasta que haya una subasta con más oferentes. En ese sentido, el senador también anunció que se presentará en el Consejo de Estado otra demanda contra el reglamento de la subasta y pidiendo se anule.
“Estamos insistiendo ante el Tribunal y el Consejo de Estado de que si van a tomar medidas cautelares, pues lo hagan oportunamente, pues el plazo de pago es el 27 de enero”. A su turno, Acosta agregó que se está denunciando un evidente detrimento del patrimonio público.
A esto se suma el memorial de impulso en la demanda de Sintraisagén, radicado el jueves pasado en el Consejo de Estado, para que este tribunal evalúe suspender la venta. Y se solicito medidas cautelares de urgencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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