El pasado 6 de octubre de 2025, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) anunció, mediante un comunicado, que hubo una reducción en la tarifa de energía que pagan los usuarios de la intervenida Air-e, pero un estudio desmintió a la entidad y precisó que las tarifas “nunca han dejado de subir”.
La cuestión fue que la Superservicios aseguró que el costo del kilovatio/hora pasó de $1.072 en agosto del año pasado a $796 en septiembre de este año 2025, un ahorro del 25% para cerca de 1,3 millones de personas en el Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El Observatorio de Energía de Colombia accedió a datos del operador del mercado energético XM y analizó la información tarifaria de todos los usuarios de dicha compañía y encontró inconsistencias en las cifras y en el alcance del descuento.
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Por ejemplo, advirtió que Air-e todavía estaría pagando un pequeño saldo de deuda de opción tarifaria. La cuestión fue que el cálculo de Superservicios no incluye ese pago, equivalente a $12 por kilovatio. Por tanto, la tarifa real sería de $808.
Eso no es todo, el informe señala que comparar agosto de 2024 con septiembre de 2025 puede ocultar ajustes extraordinarios, subsidios transitorios o provisionales que no perduren. Lo correcto sería comparar meses iguales.
La rebaja de la tarifas de Air-e no llegó a los estratos 1 y 2
Pero además, al verificar con mayor detenimiento la información y discriminar por estratos las tarifas, se encontró que la mayor parte de los usuarios vieron aumentos.
Así lo explicó adicionalmente Javier Bustos Villa, director del centro de investigación Observadores (que hizo el estudio), en diálogo con EL COLOMBIANO. Él manifestó que sí evidenciaron reducciones en las tarifas de los estratos 3, 4, 5 y 6, pero la preocupación radica en que los estratos 1 y 2 —que representan el 74,6 % de los clientes de Air-e— no han visto disminución alguna desde septiembre de 2024.
El análisis realizado asegura que el costo promedio de las tarifas en septiembre del año pasado fue de $495 por kilovatio para el estrato 1, mientras que en igual mes de este año fue de $521, un incremento de 5,2%.
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En el caso de los estratos 2, las tarifas se dispararon 5% en igual lapso. Pasaron de $619 a costar $650.
Los incrementos son más cuantiosos si se tienen en cuenta los precios de 2022. Desde entonces, los estratos 1 y 2 tienen tarifas un 50% más costosas.
Bustos sentenció: “Ellos hacen un anuncio, pero uno va y mira desde el 2022 a la fecha y no hay una reducción, siempre ha subido”.
Eso enciende las alarmas para los estratos más bajos, que son más de 823.000 usuarios en el Atlántico.
Factores que explican la baja parcial en las tarifas
En su momento, la Superservicios dijo que el resultado de la reducción de tarifas fue posible gracias a la articulación institucional entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia de Servicios Públicos y la propia empresa intervenida.
Añadió que se lograron reducir diversos costos asociados a los componentes de la tarifa eléctrica, mediante medidas como el desmonte del régimen tarifario especial, el ajuste del cargo de comercialización y la ampliación del plazo de la opción tarifaria.
Como se dijo antes, del estrato 3 en adelante sí hubo un ajuste positivo. Sin embargo, el Observatorio explicó que esa disminución obedece principalmente a la caída del costo de generación y pérdidas eléctricas, más que a una gestión empresarial directa.
Entre julio y septiembre de 2025, el componente de generación bajó de $420 a $346 por kWh (-17,6 %), mientras que el componente de pérdidas pasó de $118 a $85 por kWh (-28 %).
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Esto se debe al alto nivel de generación hidroeléctrica en el país, que en septiembre de este año alcanzó un 80,96 % de participación, gracias a embalses con reservas de agua estables, según datos de XM.
“Son anuncios mentirosos. La razón de esa reducción de tarifa no es porque haya cambiado la regulación, es que tenemos los embalses a un 80%, con agua y consumo suficiente para generar energía económica (...) la tarifa a nivel nacional va a subir cuando pase esta temporada de invierno”, dijo Bustos.
Además, recordó que hay escasez de gas; por ende, el mercado se podría ver expuesto a mayores costos por la importación de gas, lo que podría incrementar aún más las tarifas.
Air-e: más de un año bajo intervención y con deudas crecientes
El Observatorio alertó además sobre la grave situación financiera de Air-e, intervenida por Superservicios el 11 de septiembre.
La compañía, que abastece energía a más de 5,4 millones de habitantes en 68 municipios del Caribe colombiano, no genera electricidad, sino que compra el 100 % de la energía que comercializa. A mayo de 2025, la empresa acumulaba deudas por $3,39 billones: $2,9 billones con generadores de energía, $830.000 millones con entidades financieras y $460.000 millones con proveedores y acreedores varios.
Según el informe, eso quiere decir que las deudas crecieron 124 % respecto al periodo previo a la intervención. Además, habría déficits mensuales de $60.000 millones y falta de inversión en redes. “Nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando con el dinero del recaudo de Air-e?”.
Bustos recordó que investigaciones de la Fiscalía General de la Nación han encontrado excesos de costos administrativos y presuntas irregularidades financieras en contratos.
De hecho, la Procuraduría y la Fiscalía avanzan en investigaciones contra el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por presuntas irregularidades en contratos firmados cuando fungía como agente interventor de Air-e. Las pesquisas se centran en un contrato suscrito pocos días antes de su salida del cargo, por posibles sobrecostos en la adquisición de suministros. La Fiscalía Seccional de Barranquilla, a través de la Unidad Anticorrupción, asumió la investigación para posteriormente remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia.
Paralelamente, la Procuraduría adelanta la práctica de pruebas dentro de la indagación previa contra Palma. El organismo de control solicitó información detallada sobre las compras realizadas en el marco de un contrato con el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC), que habría permitido la adquisición de más de 500 insumos, entre ellos 700 transformadores con presuntos sobrecostos del 60% respecto a su valor real.
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