El superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo, se juega otra carta para conseguir que, ahora sí, el Congreso de la República suba multas a empresas que incurran en prácticas que atentan contra la libre competencia y el bolsillo de los consumidores. Es el caso de carteles de precios o cuotas de mercado, sancionados y otros presuntos aún en investigación.
El funcionario radicó en el Senado desde agosto de 2015 un proyecto de ley de 24 artículos que no ha sido aprobado para tener “más dientes” frente a las cartelizaciones.
Por eso ahora Robledo busca que dos de sus propósitos sean incluidos como artículos en el paquete de proyectos de ley anticorrupción que alista la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Estos fueron anunciados desde hace un mes por el presidente Santos y en pocos días se radicarán en el Congreso usando el camino abreviado del fast track.
En primer lugar, Robledo busca modificar el sistema de multas y no tenga topes como los 100 mil salarios mínimos legales vigentes (73.771 millones de pesos, en 2017). En cambio, que sea “con base en un tope del 30 % sobre valor de ventas involucradas en el cartel o acto colusorio, por el tiempo que duró la conducta anticompetitiva”, informó Robledo en un comunicado.
El otro artículo que pide se incluya busca inhabilidad de hasta 5 años, adicional a la multa, a quien haya cometido cartelización o colusión en licitaciones públicas.
Aún no se conoce respuesta a esta solicitud por parte del secretario de Transparencia, Camilo Enciso.
