Colombia enfrenta una crisis del gas que se viene agravando hace un par de años: la producción nacional no sería suficiente y el país está cada vez más a merced de las importaciones. Esta situación se comenzó a reflejar en el aumento de las tarifas, cuando empresas como Vanti y EPM anunciaron alzas de entre el 20% y el 35%.
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Las compañías argumentan que estos ajustes son inevitables, debido al aumento en el costo del gas nacional desde este año, la incorporación de gas importado para cubrir la demanda y el traslado desde nuevas fuentes ubicadas en la Costa Caribe, lo que eleva los costos de transporte hacia el interior del país. Pese a estas justificaciones, la Superintendencia de Servicios ordenó iniciar un proceso sancionatorio por los incrementos aplicados.
La medida fue dirigida específicamente contra Vanti, a quien le ordenó realizar un ajuste en las tarifas de gas natural y devolver a los usuarios el 100% de los valores excesivos que se cobraron. Los cambios que deberá poner en marcha la compañía aplican para los consumos de diciembre de 2024 facturados en enero de 2025, y la devolución o compensación se deberá hacer a más de 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca.
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La Superservicios emitió esta resolución tras determinar que los aumentos en las tarifas de gas natural residencial —del 4,95% en enero y del 35,5% en febrero— no estaban justificados, ya que “la empresa contaba con reservas suficientes de gas natural nacional para cubrir la demanda esencial”.
Indicó que, tras revisar la facturación y la información comercial reportada, y mediante un contrato con Ecopetrol, Vanti disponía de suficiente gas, pero decidió reportar de forma irregular una disponibilidad menor e insuficiente con el propósito de justificar la importación de gas con destino a la demanda residencial.
¿Qué dice Vanti?
EL COLOMBIANO conoció un documento en el que Vanti explica que el análisis de la Superservicios presentaría inconsistencias. Una de ellas es que, según el artículo 5 del Capítulo III de la Resolución Creg 137 de 2013, las empresas que comercializan gas deben tener contratos que aseguren que tienen el recurso disponible para cubrir el consumo diario de los usuarios, no solo para el consumo promedio mensual.
En este sentido, Vanti afirmó que no contaba con el gas suficiente para atender su demanda de acuerdo con la normatividad vigente.
Por otro lado, la Superintendencia señaló que en uno de los contratos de Vanti el reporte de consumo de usuarios finales, registrado en el Gestor del Mercado, incluye el sector “industrial”, aunque este no está explícitamente mencionado en el contrato, el cual solo hace referencia a los sectores “residencial” y “comercial”.
En su defensa, Vanti explicó que el contrato pertenece al mercado “regulado” y, según la norma (Creg 137 de 2013), la fórmula tarifaria incluye no solo a los usuarios residenciales y pequeños comercios, sino también a la “industria regulada”, que incluye a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Además, en un comunicado emitido ayer la compañía dijo que recibió “con sorpresa” la decisión de la Superservicios, la cual se “extralimitó” en sus funciones y no permitió el debido proceso.
La empresa anticipó acciones legales contra esa entidad y agregó que la tarifa se ha ido reduciendo desde el máximo de 36% que repuntó en febrero.
¿Hocol está vendiendo el gas más caro?
Consultado sobre el tema, Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), empresa
que tiene participación en Vanti, afirmó que efectivamente existe escasez de gas en el país y que las empresas se han visto obligadas a pagar precios más altos por la molécula.
El directivo argumentó que quienes le venden el gas (como Hocol, filial de Ecopetrol) a las empresas del país subieron los precios desde octubre de 2024.
“El precio del gas lo subieron brutalmente y esa discusión, que es la de fondo, no se ha dado. El gas doméstico generado en Colombia que se vendía a 4 dólares (por millón de BTU), lo están vendiendo a 18 y hasta a 23 dólares”, indicó a este diario. Con estos datos el escenario es que los incrementos han llegado a ser hasta del 475%.
Agregó que el GEB, por ejemplo, ha tenido que comprar gas a 12 dólares, cuando siempre lo había hecho a 4 dólares. “Y están cobrando el precio del gas importado, que tiene 8 dólares de sobrecosto por licuarlo, transportarlo y regasificarlo”, dijo Ortega.
“Uno no compra cada mes, sería un suicidio. Uno contrataba a cinco años, pero los de la molécula ante la escasez, están vendiendo solo por meses. Los dueños de la molécula están especulando y es ahí donde está el problema”, continuó el directivo.
Finalmente, Ortega reiteró que hace falta dar la “discusión compleja” alrededor de cómo se forman los precios del gas en el país, pues “se están cometiendo errores en la interpretación” de cómo opera la industria.
