El presidente Gustavo Petro sigue inquieto luego de una semana de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidiera incluirlo a él, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista Clinton, una sanción que conlleva severas restricciones financieras y limitaciones internacionales para los implicados.
De hecho, EL COLOMBIANO conoció que, por cuenta de esta medida, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y el Ministerio de Hacienda todavía no saben con certeza cómo se le pagará el salario a Petro desde el próximo mes.
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Fuentes al interior del Gobierno confirmaron que, a hoy, no hay una alternativa definida y los asesores en derecho del Dapre siguen estudiando qué hacer. Para esa tarea tienen solo semanas, pues si bien el jefe de Estado ya recibió su pago correspondiente a octubre –antes del bloqueo–, no hay claridad de lo que viene en adelante.
¿Por qué habrá problemas para pagarle el salario al presidente Petro?
Ser incluido en la Lista Clinton equivale, en la práctica, a quedar excluido del sistema financiero internacional. Lo más preocupante es un bloqueo financiero total para el sancionado: cuentas congeladas y operaciones prohibidas. Un veto absoluto.
Cualquier empresa o individuo que mantenga relaciones comerciales con alguien incluido en la lista puede ser sancionado por las autoridades estadounidenses. Este riesgo lleva a que socios, proveedores y clientes corten vínculos inmediatamente, generando un aislamiento económico que afecta no solo las finanzas, sino también la reputación del sancionado.
¿Buscan hacer el quite con Banco Agrario?
Según dijeron fuentes a este medio, el Dapre podría apelar a unas cuantas opciones, como utilizar el Banco Agrario para albergar las cuentas del mandatario, sus familiares y del ministro Armando Benedetti, aunque no es del todo claro si es jurídicamente viable. Consultada, la entidad no descartó esa posibilidad y se limitó a señalar que todavía no hay una decisión oficial.
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Otras voces consideran que la mejor salida para el jefe de Estado sería recibir su cuantioso sueldo (de $53 millones mensuales sin contar bonificaciones y primas) en efectivo y así evitar afectaciones a las entidades públicas que mantienen operaciones con clientes sancionados.
Nunca antes un presidente colombiano en ejercicio había sido objeto de una restricción de esta naturaleza por sanciones internacionales. Pese a que Gustavo Petro ha reiterado que no posee cuentas ni bienes en territorio estadounidense, la decisión de la OFAC tiene efectos colaterales en el sistema bancario del país, que mantiene una estrecha dependencia de la red financiera de Estados Unidos.
Ningún banco se arriesga
Incluso, Asobancaria ya sentó posición, dejando en claro que el sector financiero cumplirá con los estándares internacionales. Al mismo tiempo, seguirá actuando en concordancia con los derechos del consumidor financiero, la normativa local y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Fuentes cercanas al gremio bancario expresaron que no están dispuestas a sacrificar el bienestar de sus clientes por exponerse a sanciones, ya que si le brindan servicios al mandatario, sus proveedores en Estados Unidos podrían dejar de prestarles los suyos.
Por ejemplo, la empresa estadounidense Amazon Web Services proporciona su servicio en la nube a muchas entidades bancarias y fintech del país; perder ese soporte podría traer serias consecuencias para el funcionamiento del sistema financiero colombiano, algo que ya se constató el pasado 20 de octubre, cuando una caída mundial dejó desconectadas a varias entidades.
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