A casi dos meses del laudo arbitral que condenó a la Nación a pagar más de $3,57 billones por el proyecto Ruta al Mar, persisten las dudas sobre su liquidación definitiva, mientras crece el debate político y fiscal alrededor del caso.
Han transcurrido casi dos meses desde que el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD/AAA) profirió el laudo final dentro de la controversia entre la concesionaria Ruta al Mar (RAM) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), una decisión que condenó a la entidad estatal al pago de más de $3,57 billones.
El fallo fue emitido el 30 de abril de 2026 y notificado a las partes el 1° de mayo, dentro del proceso arbitral internacional identificado como Caso CIRD No. 01-23-0002-8303.
Sin embargo, pese a la magnitud de la condena, aún no existe claridad sobre la forma en que se liquidará definitivamente el monto reconocido por el tribunal ni sobre los mecanismos que se utilizarán para su ejecución y pago.
La incertidumbre persiste porque el propio laudo contempla ajustes posteriores y porque las partes pueden solicitar aclaraciones, interpretaciones y complementaciones dentro de los términos establecidos por el reglamento del CIRD y la Ley 1563 de 2012. Además, la decisión podría ser objeto de actuaciones judiciales adicionales.
La falta de definiciones sobre la ejecución del fallo llevó al representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, a solicitar información adicional a la ANI mediante derechos de petición.
Según el congresista, la entidad confirmó la existencia de la condena arbitral por más de $3,57 billones, una cifra que considera alarmante para las finanzas públicas.
“Las decisiones del presidente Gustavo Petro sobre concesiones viales y su populismo nos costarán a los colombianos una condena de casi cuatro billones de pesos. Las apuestas politiqueras de este Gobierno buscando votos llevan al país a la quiebra”, afirmó la semana anterior, previo a la segunda vuelta para definir la presidencia para el periodo 2026-2030.
Cadavid aseguró que la ANI reconoció que el tribunal incluyó pagos adicionales por fuera de la fórmula contractual inicialmente pactada, entre ellos indemnizaciones relacionadas con el congelamiento de tarifas de peajes y otros conceptos.
El congresista también indicó que solicitó copia del recurso de aclaración presentado por la ANI y promovió un recurso de insistencia para obtener el texto completo del laudo, luego de que su acceso fuera negado bajo argumentos de confidencialidad.
A su juicio, las decisiones del Gobierno relacionadas con la suspensión o congelamiento de peajes podrían traducirse en nuevas reclamaciones y condenas contra el Estado, además de afectar el desarrollo futuro de la infraestructura vial.
Mientras desde la oposición se cuestionan las implicaciones fiscales del fallo, Construcciones El Cóndor, accionista del 50% de Ruta al Mar y contratista EPC del proyecto, considera la decisión arbitral como un reconocimiento de los incumplimientos contractuales que, según sostiene, afectaron la ejecución de la concesión.
RAM es la titular del Contrato de Concesión APP No. 016 de 2015, suscrito con la ANI para la construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento de aproximadamente 500 kilómetros de vías en Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.
De acuerdo con la comunicación enviada al mercado por Construcciones El Cóndor, el laudo constituye un hito relevante para la compañía porque reconoce múltiples incumplimientos contractuales por parte de la ANI y declara la terminación anticipada del contrato de concesión.
La empresa destacó que el tribunal concluyó que la imposibilidad de culminar las obras dentro de los plazos pactados obedeció a causas no imputables al concesionario y estuvo relacionada, entre otros factores, con afectaciones en la estructura tarifaria y de ingresos del proyecto.
Para la compañía, el fallo representa un elemento determinante en el proceso de recuperación de la inversión comprometida en la concesión, luego de varios años de controversias contractuales.
Pese al resultado favorable para la concesionaria, Construcciones El Cóndor reconoce que la materialización económica del laudo aún depende de varios procesos posteriores.
La empresa advirtió que el monto efectivamente recuperable está sujeto a los procedimientos de ejecución, estructuración y recaudo, así como a las condiciones bajo las cuales se implementen las decisiones derivadas del fallo arbitral.
Entre los factores pendientes figuran los resultados de las solicitudes de aclaración, interpretación o complementación del laudo, las eventuales actuaciones judiciales posteriores, los mecanismos de pago que adopte la ANI y la estructuración financiera que permita monetizar los recursos reconocidos por el tribunal.
En consecuencia, aunque el laudo fijó una condena superior a los $3,57 billones, el valor definitivo que terminará desembolsando la Nación y la forma en que esos recursos llegarán a la concesionaria continúan siendo aspectos abiertos.
Más allá de la controversia puntual entre Ruta al Mar y la ANI, el caso se ha convertido en una referencia para el sector de infraestructura por las implicaciones que puede tener sobre el modelo de concesiones y asociaciones público-privadas en Colombia.
Mientras la oposición advierte sobre el impacto fiscal de la condena y cuestiona decisiones recientes en materia de peajes, la concesionaria y sus accionistas sostienen que el fallo ratifica la obligación del Estado de cumplir los compromisos contractuales y reconoce afectaciones económicas que, según el tribunal, incidieron en la inviabilidad del proyecto.
Por ahora, a casi dos meses de la decisión arbitral, la principal incógnita sigue siendo la misma: cuándo, cuánto y de qué manera se hará efectivo uno de los laudos más cuantiosos que ha enfrentado el Estado colombiano en materia de infraestructura.
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