La suspensión de la regla fiscal confirma que la disciplina fiscal ya no es prioridad del Gobierno y, sin emergencia que la justifique, la deuda alcanzará niveles históricamente alarmantes. El déficit podría escalar hasta 7,4% del PIB en 2025.
Previo a hacerse pública la decisión del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), se conoció ayer que el Ministerio de Hacienda ya tiene el aval de suspender la regla fiscal, mediante la activación de una cláusula de escape, por un período de tres años.
Este es un mecanismo excepcional que permite flexibilizar los límites de déficit establecidos por la ley y ampliaría la capacidad de endeudamiento del país.
La regla fiscal es una norma que limita la capacidad de endeudamiento de los gobiernos; es decir, evita que gasten demasiado o se endeuden en exceso, lo que asegura la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Lea más: Qué es la regla fiscal, para qué sirve y cómo afecta a los colombianos
Por esta razón, una de las principales preocupaciones sobre su suspensión es que se dispare el nivel de deuda del país, que el déficit fiscal de este año aumente y que las calificadoras rebajen sus notas de riesgo al país, lo que subiría aún más los intereses de las acreencias.
Lo que más llamó la atención fue la reacción del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien tras la polémica decidió guardar silencio y evadir a los medios.
La cartera de Hacienda se limitó a decir que la información se entregará en una única rueda de prensa el viernes 13 de junio, una vez se presente el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).
La regla fiscal —que actúa como una camisa de fuerza para evitar el sobreendeudamiento del país— fue suspendida una vez en el pasado reciente: durante la pandemia del covid-19. En ese entonces, la economía mundial enfrentaba una emergencia sin precedentes, lo que justificó el uso de la cláusula de escape durante los años 2020 y 2021.
Puede leer aquí: Suspensión de la regla fiscal: ministro de Hacienda guarda silencio pese a negativa del Carf
Pero esta vez no hay guerra ni pandemia. Solo un déficit creciente y una presión fiscal sin control. Incluso, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió en su momento sobre la necesidad de recortarle entre $40 y $75 billones al presupuesto 2025, por lo que no sería sorpresivo un concepto negativo de su parte sobre la idea de suspender la regla fiscal.
Al respecto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, afirmó recordó que la decisión del Gobierno confirma que el Plan Financiero 2025 sobreestimó los ingresos y evitó reconocer la magnitud del ajuste necesario.
“La estrategia de simular cumplimiento de la regla fiscal en 2024 mediante el uso de las llamadas Transacciones de Única Vez (TUV), por un valor de -1,9% del PIB, fue cuestionada por su falta de fundamento técnico y contribuyó al deterioro de la credibilidad fiscal”.
Pero no es todo. Según el Observatorio, la activación de la cláusula de escape enviará una señal preocupante de incertidumbre y debilitamiento institucional.
“Con una deuda neta que ya bordeó en 2024 el 60% del PIB —cerca del límite de sostenibilidad del 70%— y un pago de intereses que representa cerca del 5% del PIB, el país enfrentará un panorama de mayor endeudamiento, menos espacio para el gasto social y creciente presión sobre las finanzas públicas”.
La preocupación no es solo técnica. Los efectos económicos pueden ser graves. El Plan Financiero presentado por el Ministerio de Hacienda en febrero proyectaba un déficit fiscal del 5,1% del PIB para 2025.
Sin embargo, análisis de Corficolombiana alertan que, con la suspensión, este déficit podría escalar hasta 7,4%, el doble de lo promediado en los años previos a la pandemia (3,7% entre 2016 y 2020).
Además, los analistas advierten que el déficit a financiar en 2025 podría superar entre $26 billones y $47 billones lo previsto, presionando aún más las tasas de los títulos TES y deteriorando el perfil de deuda del país.
Una de las alertas más serias tiene que ver con las agencias de calificación crediticia. Suspender la regla fiscal sin una justificación de fuerza mayor puede ser interpretado como una pérdida de disciplina fiscal, lo que elevaría el riesgo país y encarecería el acceso al financiamiento externo.
Por eso, varios gremios y centros de pensamiento económico han salido al paso, advirtiendo que esta decisión pone en riesgo la credibilidad de Colombia en los mercados internacionales.
La regla fiscal dice que el país solo puede endeudarse hasta el 70% del Producto Interno Bruto (PIB). Con la decisión de suspenderla por un periodo de tres años, el Gobierno podría superar esos topes, en medio de un menor recaudo tributario, que estaría $30 billones por debajo de la meta que tiene el Gobierno Petro para este año.
José Ignacio López, presidente de Anif, consideró que con la decisión de aprobar la cláusula de escape “la política fiscal en Colombia ha quedado como un barco sin ancla”.
Y agregó: “El Gobierno busca tener un déficit fiscal más alto, que podría superar el de la pandemia, con graves consecuencias para el nivel de deuda, y tasas de interés más altas para el sector público y privado. Es cierto que heredó grandes retos en materia fiscal, pero su compromiso por la estabilidad macroeconómica pasa por apretarse el cinturón y reducir lo más que pueda el gasto en burocracia”.
A su vez, recalcó que el mensaje que interpretarán los mercados financieros es que el Gobierno colombiano “prefiere gastar, en lugar de estabilizar las finanzas públicas”.
Por su parte, Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas del Banco Itaú Colombia, advirtió que la posible activación de la cláusula de escape de la regla fiscal podría traducirse en un aumento significativo del endeudamiento del país.
“Este tipo de decisiones tiene implicaciones directas sobre los niveles de deuda pública. Ya estamos viendo señales en los mercados: el dólar volvió a ubicarse por encima de los 4.200 pesos y las tasas de interés de los bonos del gobierno han subido cerca de 30 puntos básicos en las últimas jornadas”, explicó la analista.
Monzón también señaló que los inversionistas ya estarían anticipando un deterioro del balance fiscal: “estimamos que el déficit podría acercarse al 7% del PIB en 2025, un nivel que preocupa en términos de sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Entérese aquí: ¿Cuándo fue la última vez que se suspendió la regla fiscal en Colombia? Esto dicen los datos
A su turno, el rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, lamentó que esto “es abrir la compuerta al gasto desbordado, al endeudamiento sin freno y a la pérdida total de disciplina macroeconómica”.
Añadió: “Descalificar la regla fiscal es desconocer su importancia y necesidad y nos lleva a la ideología de ‘gastar, gastar y gastar’ sin control alguno. La regla fiscal no estorba: protege. Romperla es repetir el error argentino y nos va a doler la salida”.
Y estimó que, en 2026, el próximo gobierno heredará el país con el peor nivel de déficit (mayor a -7,8% ) y deuda (mayor al 63% del PIB) en su historia “y la única salida será una emergencia económica que permita cambiar la estructura tributaria, motivar crecimiento real basado en el sector privado y no en el derroche público, reasignar competencias a entes territoriales y recortar el tamaño del Estado en por lo menos un 30%”.
Restrepo advirtió sobre varios impactos adicionales: un aumento en la prima de riesgo país y en los costos del endeudamiento; mayor volatilidad en la tasa de cambio y nuevos riesgos inflacionarios; una menor capacidad para reducir las tasas de interés; mayor desconfianza e incertidumbre que afectaría la inversión privada y extranjera; y una reducción del espacio fiscal para la inversión social, debido al incremento en el pago de intereses de la deuda.
Además, señaló que “se rompe con la tradición de manejo macroeconómico prudente que ha caracterizado a Colombia”.
Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarollo, con esta suspensión de la regla fiscal se proyecta que el déficit fiscal alcanzará un 7,5% del PIB, “el segundo más alto en 121 años de historia económica moderna, solo superado por el 7,8% registrado durante la pandemia”.
Sostuvo que es crucial que el Gobierno anuncie un plan de ajuste creíble en la publicación del marco fiscal, con el fin de evitar un deterioro adicional de la prima de riesgo, lo cual tendría repercusiones negativas sobre la recuperación del crecimiento económico.
A la fecha, la medida todavía no está vigente. Para que entre en efecto, se requiere:
1. Concepto del Carf (que sería negativo).
2. Aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).
3. Aval del Consejo de Ministros.
4. Expedición del documento Conpes.
Fuentes oficiales señalaron que todos estos pasos deben completarse antes del viernes 13 de junio. Solo entonces, el Gobierno podría declarar formalmente suspendida la regla fiscal.
Lea aquí más: Consejo Gremial evalúa demandar al Gobierno por suspender la regla fiscal
El famoso “riesgo país” —ese indicador que usan los inversionistas para saber qué tan seguro es prestarle plata a un gobierno— volvió a dispararse para Colombia. Lo preocupante es que, mientras en el resto de América Latina los niveles se han mantenido estables o con leves alzas, Colombia es el único que muestra un repunte fuerte.
Para entenderlo fácil: cuando el riesgo país sube, es porque los inversionistas desconfían. Para compensarlo, le exigen al Gobierno intereses más altos para prestarle dinero. Así funciona la prima de riesgo, que se compara frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados los más seguros del mundo.Aunque el país ya venía cargando con un nivel alto de CDS (Credit Default Swaps, una especie de seguro contra el impago), el anuncio sobre la suspensión de la regla fiscal encendió las alarmas.
A esto se sumó el ruido externo de la guerra comercial global, que elevó los CDS en varias economías. Pero ahora, según los analistas, Colombia se está alejando de ese grupo intermedio y acercándose a los niveles más altos que se recuerdan desde 2022, cuando el dólar rompió la barrera de los $5.000.
Esa brecha con la región vuelve a ser tan amplia que ya no es solo una señal de alerta técnica, sino también política y económica.
Dicho sea de paso, al final de la jornada de ayer, la negociación de la tasa de cambio cerró al alza en $4.190,87, lo que representó un incremento de $52,34 frente a la TRM. Y el peso colombiano se convirtió en la moneda emergente que más cayó, con una pérdida del -1,09 % frente a otras divisas.
La noticia de suspender la regla fiscal generó nerviosismo en el mercado cambiario, en donde la divisa colombiana lideró las pérdidas entre monedas latinoamericanas, seguida del peso chileno (-0,16%), el sol peruano (-0,12 %) y el peso argentino (-0,11 %).
Pese a la turbulencia, el índice accionario Msci Colcap de la Bolsa de Colombia subía 0,84%, alcanzando los 1.649,53 puntos, reflejando una lectura dividida del panorama económico.
Desde Londres, la firma Capital Economics alertó sobre el impacto que podría tener esta determinación en los mercados de deuda: “Esto ha provocado una ola de ventas en el mercado de bonos, pero no parece que el deterioro de la situación fiscal se haya descontado aún por completo”.
Tras el aval del Gobierno, el Consejo Gremial, que agrupa a los principales gremios económicos del país, anunció que demandará dicha medida. Así lo afirmó Camilo Sánchez, presidente del Consejo, quien sostuvo que esto se hará porque la medida es “muy peligrosa para la economía del país (...) Además, se encarecerán los créditos, las calificadoras de riesgo podrían rebajar la calificación del país, y esto hace que el sector productivo, sin hacer nada malo, pierda rentabilidad”.
