La tensión por la Ley de Financiamiento o reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro terminó esta semana en un ambiente crítico en el Congreso de la República. El debate, que debía avanzar en las comisiones económicas, se vio envuelto en reclamos, señalamientos y advertencias sobre un eventual decreto de emergencia económica.
La votación de la ponencia de archivo dejó al proyecto prácticamente sin aire. Todo indica que la reforma no superaría el trámite en las comisiones económicas del Senado, donde las dos células legislativas se inclinan por hundirla. En la Cámara ocurre lo contrario, lo que ha generado un bloqueo institucional.
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El nudo político es claro: las cuatro comisiones económicas deben tomar la misma decisión —aprobar o archivar— para que el proceso avance, pues basta con que una se oponga para detener el trámite.
Por ahora, la reforma está empantanada. Si la iniciativa termina cayéndose, el Presupuesto de 2026 quedaría con un faltante de $16,3 billones. No es la primera vez que el Gobierno enfrenta un escenario similar: el año pasado se hundió la Ley de Financiamiento por $12 billones, lo que obligó al Ejecutivo a aplazar parte del gasto público.
¿Emergencia económica?
En medio del ambiente político caldeado y ante la inminente caída de la reforma tributaria, el presidente Petro endureció su discurso y advirtió que Colombia podría encaminarse hacia una emergencia económica para asegurar los nuevos ingresos tributarios si el Congreso no da luz verde.
El mandatario sostuvo que toda deuda pública no es otra cosa que impuestos aplazados y criticó a las mayorías opositoras de la Comisión Tercera, a las que señaló de intentar “asfixiar financieramente” al Gobierno por motivaciones políticas.
Agregó que, si las medidas no se toman en este momento, será el siguiente gobierno el que deba implementarlas, pero asumiendo un costo financiero mucho más elevado, que podría significar decenas de billones de pesos adicionales para el país.
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Petro afirmó que resulta imprescindible recomponer la financiación del Estado, de lo contrario —advirtió— habría que cerrar servicios esenciales cubiertos con recursos del presupuesto.
Enfatizó que, debido a la estructura rígida del gasto público, no es viable recortar decenas de billones ni en el servicio de la deuda ni en los programas sociales. Esto implicaría que cualquier ajuste recaería sobre la inversión, afectando especialmente proyectos de infraestructura como las vías 4G y el Metro de Bogotá.
Revivir prohibición de deducir regalías
A esta movida se suma que el Gobierno estaría contemplando plantearle al Congreso la eliminación de medidas impopulares a cambio de reactivar una disposición que ya había sido tumbada por la Corte Constitucional: la prohibición de deducir las regalías por parte de las empresas petroleras y mineras.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, pidió a los legisladores tener claridad sobre lo que están rechazando. Sostuvo que la propuesta construida entre el Gobierno y varios congresistas es una de las reformas tributarias más progresivas que se han presentado en los últimos años.
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Según sus cálculos, restablecer la no deducibilidad de las regalías podría aportar alrededor de $3 billones anuales.
Con esos recursos, dijo que el Gobierno podría revisar, e incluso retirar, algunos artículos que han generado mayor resistencia en el Congreso. Entre ellos el impuesto a los licores, especialmente en el caso de la cerveza, que podría eliminarse por completo; y el impuesto al carbono asociado al recargo de $100 por galón de gasolina, una medida que ha generado inquietudes entre varios congresistas.
Para la bancada oficialista, tampoco habría mayor reparo en recuperar esta medida, que ya había sido aprobada en la primera reforma tributaria de la actual administración, pero en ese momento la Corte Constitucional la declaró inexequible por un vicio de procedimiento y no por razones de fondo.
Ávila recordó que la Corte la declaró inexequible por dos motivos principales: la falta de una correcta diferenciación entre pagos de regalías en dinero y en especie, y la ausencia de una salvaguarda frente a una eventual caída del precio del petróleo que pudiera generar un riesgo fiscal.
Y señaló que ambos reparos pueden subsanarse con un ajuste técnico en la redacción, lo que permitiría reintroducir la medida con respaldo jurídico sólido.
El punto clave ahora es que la nueva propuesta no hace distinciones entre las empresas que pagan sus regalías en dinero y las que lo hacen en especie, sino que elimina la deducción para todos por igual.
Las críticas
Para el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, la posibilidad de decretar una emergencia económica sería un “exabrupto”, pues no se cumplen las condiciones constitucionales para ello.
“No existe un hecho extraordinario ni sobreviniente que la justifique. Como esas circunstancias no están presentes, no se configuran los requisitos de una emergencia económica y sería muy fácil que la Corte la declarara inexequible”, afirmó.
Restrepo añadió que la única salida que el Gobierno debió adoptar desde hace tiempo era presentar un presupuesto “sensato y equilibrado”, y no uno desfinanciado en más de $45 billones.
“Lo que el Gobierno debe hacer, al menos por ahora, es recortar el gasto público y reducir los gastos de funcionamiento. Allí hay margen para hacerlo”, expuso.
Agregó que el Ejecutivo cuenta con recursos suficientes para ese ajuste, “tanto en inversiones que no están llegando a donde deberían como en el gasto de la burocracia estatal, las llamadas ‘corbatas’ del Estado. No hacerlo nos encamina hacia un presupuesto no financiable e insostenible”.
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Frente a los escenarios posibles si la reforma se hunde, el docente y analista económico Henry Amorocho explicó que, dado que el proyecto de presupuesto —ya a la espera de sanción presidencial— fue aprobado desequilibrado, con $530 billones en rentas legales vigentes y $546,3 billones en apropiaciones, lo procedente sería reducir estas últimas hasta ajustarlas al nivel de las rentas legales vigentes. Es decir, el presupuesto quedaría en $530 billones, tanto en ingresos como en gastos.
Según Amorocho, la Ley Orgánica del Presupuesto permite presentar un presupuesto desfinanciado para corregirlo durante su trámite: “El Gobierno lo presentó así y, en este escenario hipotético, el Congreso decidió no aprobar la ley de financiamiento. Ante esa situación, debe aplicarse el principio de reserva de ley y de legalidad del gasto: solo pueden ejecutarse gastos hasta el monto de las rentas legales vigentes. Por lo tanto, las apropiaciones deben ajustarse a $530 billones”.
En la misma línea, recordó que el contralor general de la República señaló ayer, en un medio de amplia circulación, que si la reforma tributaria no se aprueba, el Gobierno deberá reducir el gasto.
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