La Corte Constitucional emitió el Auto 841 de 2025, con el que decidió otorgarle a la Cámara de Representantes tres días adicionales para entregar las actas de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio, en las que se adelantó la subsanación del trámite de la reforma pensional.
Según el alto tribunal, esos documentos son indispensables para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, que aprobó la nueva reforma pensional.
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La prórroga fue solicitada por el presidente de la Cámara, Julián López, y busca ganar tiempo para allegar el material probatorio. Sin embargo, la Corte fue clara al decir que sin las actas completas no habrá decisión de fondo.
La demanda que puso en jaque la reforma pensional
Todo este lío jurídico se originó por la demanda de inconstitucionalidad que interpuso la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.
La congresista argumentó que en el proceso de formación de la ley se evadió el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, un requisito clave del procedimiento legislativo.
Además, Valencia aseguró que los artículos 84.5 y 93 de la reforma son incompatibles con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución, que protege el derecho fundamental a la seguridad social.
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La sala plena de la Corte encontró indicios de un vicio de procedimiento en el trámite de la reforma.
La congresista Lina María Garrido había denunciado que, aunque se aprobó el acta 257 —que validó la sesión del 28 de junio donde se dio el visto bueno a la reforma—, nunca se aprobó el acta 256 de la sesión del 27 de junio.
En esa jornada previa se habría anunciado, sin el quórum requerido, el debate de la reforma. En palabras de Garrido: “han admitido que la plenaria del 27 de junio nunca se llevó a cabo y, por lo tanto, nunca se anunció el debate de la reforma pensional, como lo exige la ley”.
La Corte recordó su propia jurisprudencia en la sentencia C-161 de 2024: “las actas de las sesiones y certificados son los medios de prueba por excelencia... es el medio oficial escrito de publicidad de sus actos”.
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La reacción de Petro frente al retraso
Mientras la Corte analiza el expediente, el Comando Nacional Unitario, que agrupa a varias centrales de trabajadores, convocó a un plantón este 3 de septiembre frente al Palacio de Justicia en Bogotá.
El objetivo es presionar a la Corte para que agilice su decisión, pues la incertidumbre ha generado inquietud tanto entre pensionados como en el Gobierno.
El presidente, Gustavo Petro, no ocultó su frustración con la demora en la aprobación definitiva de la ley. Sin embargo, dijo asumir el costo político de la espera.
“Tendrá un costo indudable, por la demora de la aprobación de la ley por la Corte Constitucional, pero la asumo porque la justicia social y la paz son un bien supremo”, afirmó.
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