En un comunicado a la opinión pública, el Consejo Directivo de la institución aseguró que la decisión fue unánime.
Desde hace más de dos meses, la polémica por el posible nombramiento de Juliana Guerrero en el viceministerio de las juventudes -del Ministerio de la Igualdad- inició una polémica cuando en su postulación apareció un título profesional universitario con presuntas irregularidades.
Aquello fue objeto de investigación por la institución que lo expidió: la Fundación Universitaria San José. El más reciente comunicado del Consejo Directivo de aquella universidad, asegura que de manera unánime decidieron anular el título de Guerrero Contaduría Pública. ¿Qué pasó y qué dijeron?
En principio, la institución afirmó que no encontraron ningún tipo de prueba de que Guerrero haya pasado por la entidad. De hecho, la revisión se hizo también en otro de los pregrados que la joven aseguró haber cursado.
“La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”, dice el comunicado.
Aquello fue suficiente para anular el título. EL COLOMBIANO conoció la versión desde el Palacio, donde aseguran que Guerrero sí tiene registro, sus notas e insisten en que desde la misma universidad aseguraron varias veces que ella sí estaba identificada como estudiante.
Incluso, en los primeros días de esta polémica, el secretario general de la universidad -quien fue despedido poco después- aseguró que le dieron el título para que ella pudiera acceder a una oportunidad laboral.
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El nuevo comunicado de la universidad llega 48 horas después de que una orden de un juzgado de control de garantías le pidiera a la institución presentar los datos y pruebas que mostraran el paso de Guerrero por sus instalaciones y procesos educativos -esto como resultado del derecho de petición que envió la representante a la Cámara Jennifer Pedraza-.
Es importante recordar que a pesar de que los títulos de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y de Contaduría Pública otorgados a Guerrero serán anulados, la Fiscalía General de la Nación ya abrió -y continuará- una indagación contra Juliana Guerrero y varios directivos de la Fundación Universitaria por los presuntos delitos de fraude procesal, falsedad en documento y falsedad personal.
Ante las presiones jurídicas, el equipo legal de la universidad aseguró que le entregará los detalles de su investigación a las autoridades competentes, reiterando su “compromiso de colaboración y transparencia para el esclarecimiento total de los hechos”.
Fuentes del Gobierno le confirmaron a EL COLOMBIANO que Guerrero estaría en una pelea legal con la universidad, insistiendo en que sí tiene los registros. Sin embargo, no se encontraron aquellos registros en la base oficial del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies); en aquella plataforma ni siquiera aparecía matriculada en la carrera.
Otra inconsistencia es la ausencia de los resultados de las Pruebas Saber Pro de Guerrero. Ella misma admitió que las presentará el 8 de noviembre. Aquello ya constituiría una irregularidad, porque esa evaluación es requisito nacional para obtener un título.
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Sobre las demás irregularidades, le dijo a EL COLOMBIANO en una reciente entrevista que:
“No me puedo hacer responsable de lo que hace internamente la universidad. El requisito faltante es presentar el Saber Pro, que es lo que no he realizado. Cuando envié la solicitud de grado estaba la foto de mi registro para presentar ese examen y me aceptan la posibilidad de grado y por eso es que me termino graduando. Pero no tengo injerencia en eso; no conozco al secretario general o al rector ni he tenido un vínculo directo porque era una estudiante como cualquier otra”.
En caso de que la Fiscalía encuentre culpable a Guerrero por fraude procesal -por haber presentado ambos títulos como parte de su postulación al Ejecutivo- podría enfrentar una pena de entre seis (6) y doce (12) años de prisión.
Ni Juliana Guerrero, ni el presidente Petro -quien la defendió varias veces en el pasado, asegurando que se trataba de un “escándalo”- se han pronunciado al respecto hasta el momento.
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