“Todos ponen, todos ceden, nadie impone”. Con esta consigna se radicará hoy la ponencia del proyecto de reforma laboral, que en tercer debate tendrá trámite en el Congreso.
Según Angélica Lozano, senadora de Alianza Verde y presidenta de la Comisión IV de Presupuesto, el fin de semana se trabajó en los detalles de concordancias, vigencias y exposición de motivos de la iniciativa, que además de ser radicada y anunciada este lunes, sería debatida y votada mañana.
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“El compromiso del Senado es lograr una reforma laboral justa, a mitad de año”, enfatizó la congresista.
Pero el optimismo de la parlamentaria no parece ser compartido por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien el viernes en el auditorio de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), en Medellín, admitió la posibilidad de que se presente una ponencia alternativa, la cual tendría el respaldo del Gobierno nacional.
Según el funcionario, solo hoy se sabrá en detalle el alcance de la iniciativa mayoritaria de la célula legislativa, aunque insistió en que esta no sería la única ponencia.
“Estamos discutiendo con la compañera Aída Avella la posibilidad de que presentemos una ponencia alternativa que dé cuenta, de verdad, de la reforma laboral que quiere el Gobierno del Cambio”, dijo Sanguino en su discurso de poco menos de media hora.
De acuerdo con el jefe de la cartera laboral, la propuesta liderada por Lozano no tendría la firma de Avella, senadora del Pacto Histórico, porque entre otras cosas al texto que se presentará le aplicaron “una vulgar peluqueada”.
Sanguino hizo hincapié en que el articulado que fue concertado y salió de la Cámara de Representantes fue tomado por la Comisión IV y transformado, por lo que no tendrá el acompañamiento de su despacho.
“Peluquearon y creen que nosotros nos vamos a mamar esa peluqueada del contrato laboral de los aprendices del Sena. Peluquearon las licencias médicas para ciclos menstruales incapacitantes y creen que nosotros nos vamos a mamar la peluqueada en negarle ese derecho a las mujeres en el mundo laboral de Colombia”, fueron las palabras del ministro Sanguino, para explicar el porqué no respaldará el proyecto de la Comisión IV.
Igualmente, aprovechó el escenario para criticar a los empresarios de la Andi, la SAC, Asobancaria y al gremio de las plataformas digitales de reparto, sobre su actuación frente a la iniciativa de reforma laboral.
“Quienes no han querido el diálogo y la concertación son ellos, porque tan pronto ese proyecto llegó a la Comisión Séptima, ellos se encargaron de aliarse con los sectores del establecimiento político representado por ocho senadores para evitar que este proyecto siguiera su trámite en la discusión en la Comisión y en la plenaria del Senado de la República”, sostuvo.
16 veces sí
Pese a no dar detalles del contenido de la ponencia alternativa para la reforma laboral, Sanguino abogó por impulsar la Consulta Popular y convencer a los colombianos de que la voten afirmativamente.
“Lo que viene serán días de pelea, de discusión, de debate y de movilización de acción. Ya las centrales sindicales y las organizaciones populares han convocado a un paro nacional para el día 28 y 29 de mayo. A ese paro hay que acudir”, agregó en su intervención ante maestros sindicalizados, representantes de organizaciones de trabajadores como la CUT, miembros de la Unión General de Trabajadores Independientes y de la Economía Informal, así como de funcionarios del Sena y MinTrabajo en Antioquia.
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El acto del pasado viernes fue considerado por el ministro Sanguino como el primer cabildo en Antioquia para respaldar la aprobación de la Consulta Popular, y anticipó que el presidente Petro estará encabezando una reunión similar en Medellín.
Esperando el texto de la reforma laboral
Mientras el Gobierno nacional y la Comisión IV destapan sus cartas, desde el tanque de pensamiento ICP se insistió en que el proyecto impone más barreras para el crecimiento y la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
De acuerdo con los analistas del ICP, la reforma ignora las causas estructurales de la informalidad. “Esta no es una reforma que resuelva los problemas estructurales de informalidad y desempleo que enfrenta Colombia”, se lee en el documento.
Adicionalmente, se anotó que según diversos índices internacionales Colombia observa un mercado laboral altamente rígido e inflexible, con elevados costos de contratación y despido, y un marco normativo que impide que el empleo formal se adapte a las dinámicas sectoriales, tecnológicas y territoriales.
Para el ICP, una reforma laboral no puede basarse únicamente en buenas intenciones, se requieren criterios técnicos, análisis costo-beneficio y medición de impacto real sobre el tejido empresarial.
“Quien verdaderamente sufre los efectos de estas rigideces son las micro y pequeñas empresas, donde se concentra más del 80 % del empleo informal. Plantear excepciones solo refuerza el problema: incentiva a las unidades productivas a mantenerse pequeñas para evitar cargas adicionales, consolidando un ecosistema laboral informal, estancado y sin capacidad de escalar”, se explicó.
Otro de los cuestionamientos al proyecto, es que en términos económicos, genera incentivos perversos que encarecen el empleo formal y reducen la capacidad de adaptación de las empresas.
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Desde el ICP se considera que la reducción de costos de formalización debe conseguirse mediante simplificación de trámites y modalidades contractuales diversas y flexibles.
A lo anterior, se pueden agregar esquemas como el jornal agropecuario, como lo han venido proponiendo los gremios del sector, que permite remunerar de forma justa y proporcional al tiempo laborado, incluyendo prestaciones sociales. Este modelo es más viable y fomenta la formalización sin imponer barreras que desincentivan la contratación.
El paquete laboral debe apuntalarse en la promoción de la automatización, la inversión y la innovación sin cargas punitivas. “La garantía de condiciones mínimas de seguridad física y jurídica que permitan a los pequeños productores operar en un entorno favorable, con certidumbre y confianza”, concluyó el texto.
El lío de la informalidad en Colombia
En la jornada Economía Invisible: el impacto de la informalidad en el desarrollo colombiano, organizada por la Dirección de Planeación y Estudios Institucionales de Uninorte, Andrea Otero, economista e investigadora del Banco de la República, presentó los resultados de un ensayo, en el que se demostró que la informalidad en Colombia disminuyó entre 2010 y 2024, con una reducción de aproximadamente 13 puntos porcentuales.
Sin embargo, Otero señaló que las tasas de informalidad siguen siendo altas. “Tener tasas de informalidad y promedio nacional del 56% no es deseable, más de la mitad de los trabajadores no cotizan la pensión”.
En la jornada académica, la experta explicó que esta situación implica una violación de la ley y una protección social incompleta.
El estudio también evidenció que Bogotá, Medellín y Manizales tienen tasas de informalidad cercanas al 33 %, comparables a países como Chile, mientras que ciudades como Sincelejo, Valledupar, Riohacha y Cúcuta superan el 65 %, acercándose a mercados laborales como el de Nicaragua.
“Esta disparidad es preocupante porque la legislación laboral en Colombia es nacional, lo que significa que las políticas públicas nacionales están abordando problemas con características locales muy diferentes”, argumentó.
Como ejemplo, mencionó que el salario mínimo, una política nacional, tiene efectos distintos en cada ciudad debido a las diferencias en sus mercados laborales.
Otero, citada por el portal de noticias de Uninorte también resaltó la correlación entre el nivel educativo y la informalidad laboral, indicando que los trabajadores sin ningún título académico formal tienen una tasa de informalidad del 75%, lo cual está relacionado con su productividad percibida y las barreras de entrada al mercado laboral formal.
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Según la investigadora, la solución no es bajar el salario mínimo, sino “subir la productividad de esos trabajadores con educación de calidad y pertinente”.
Por otro lado, el documento asegura que la informalidad también varía a lo largo del ciclo de vida, siendo alta entre los jóvenes y aumentando nuevamente a partir de los 45 años para las mujeres y los 50 años para los hombres, lo cual “es preocupante en un país que está envejeciendo rápidamente”.
En medio de las tensiones entre el Congreso, el Ministerio del Trabajo y los distintos sectores sociales y empresariales, el destino de la reforma laboral sigue siendo incierto.
Reforma pensional en Colombia
El viernes, en Adida, el ministro Sanguino comentó que de las reformas estructurales planteadas por el Gobierno Nacional la única que se salvó fue la pensional.
“Se salvó por un milagro en la plenaria del Senado de la República, que votó por una diferencia mínima a favor, porque acogió el texto que venía de la Cámara de Representantes. Pues bien, no fue sino que aprobaran y llovieran demandas en la Corte Constitucional”, expresó.
Para el ministro la más de 60 demandas que debe examinar la Corte Constitucional no es otra cosa “que la demostración de la mezquina actitud de una élite que no quiere garantizarle una vejez digna a los colombianos”.
Según trascendió, desde el próximo jueves 29 de mayo la Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará el texto. Ya se sabe que la ponencia del magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, solicitará a la Sala Plena que se declare la inconstitucionalidad de la norma, prevista para entrar en vigencia el próximo primero de julio, por vicios de trámite graves e insubsanables.
Sin embargo, el hecho de que la ponencia de Ibáñez vaya en ese sentido no quiere decir que la aprobará la Corte en pleno. Los magistrados podrían apoyar a Ibáñez, o negar su ponencia y aprobar otra que devuelva la reforma a la Cámara, o tumbar solo algunos artículos y dejar los demás en firme.
Dudas de fondos de pensiones
Asofondos expresó sus dudas, porque el decreto reglamentario de la reforma pensional no contiene un plan claro para que la población en transición (mujeres u hombres que acumularon más de 750 o 900 semanas cotizadas al 30 de junio, respectivamente) pueda contar con el seguro previsional, en los casos en los que los recursos destinados para ese fin no alcanzan.
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El artículo 75 de la Ley 2381 preveía que, en estos casos, se iba a reglamentar cómo el Gobierno nacional iba a resolver este problema. “Recordemos que el seguro previsional es el que cubre a la población frente a los riesgos de discapacidad y/o muerte. Es clave que antes del primero de julio, el gobierno presente el plan de qué hacer en los casos en los que el mercado no se puede conseguir ese aseguramiento para la población en transición”, explicó Asofondos.
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