Mientras que la universidad se resiste a enviarle al Gobierno los datos de los estudiantes que participaron en las manifestaciones a favor de Palestina, la administración Trump amenaza con “redirigir” los contratos que tiene el Estado a otras instituciones educativas.
El gobierno de Estados Unidos prevé cancelar todos los contratos financieros restantes con Harvard, afirmó este martes un alto cargo, en el último intento del presidente Donald Trump de obligar a la universidad a someterse a una supervisión sin precedentes.
La administración “enviará hoy una carta a las agencias federales pidiéndoles que identifiquen cualquier contrato con Harvard, y si pueden ser cancelados o redirigidos a otro lugar”, dijo la fuente que pidió mantener el anonimato.
El fin de los contratos, que según los medios de comunicación estadounidenses ascenderían a 100 millones de dólares, marcaría la ruptura de los lazos comerciales entre el gobierno y una institución que es a la vez la universidad más antigua del país y una potencia mundial de la investigación.
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Harvard no ha permitido que el gobierno controle la inscripción de estudiantes y la contratación de profesores.
En las últimas semanas, el bastión educativo de élite ha visto congelados miles de millones de dólares en subvenciones. La administración también intentó poner fin a su capacidad de acoger a estudiantes extranjeros pero una sentencia judicial lo ha impedido.
La universidad contraataca. Argumenta que las decisiones de Trump son inconstitucionales y paralizarían su capacidad de funcionamiento.
El lunes Trump prometió seguir su lucha. En un mensaje en las redes sociales afirmó que entre los estudiantes extranjeros de Harvard había “lunáticos radicalizados, alborotadores”.
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La semana pasada, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, revocó la capacidad de Harvard para matricular a extranjeros, dejando en vilo el futuro de miles de estudiantes y el lucrativo flujo de ingresos que proporcionan.
El mes pasado amenazó con bloquear la matrícula de estudiantes internacionales en la universidad a menos que ésta entregara los registros sobre las “actividades ilegales y violentas” de los titulares de visados.
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