El pasado 10 de febrero el Ministerio de Hacienda confirmó en pleno consejo de ministros en Córdoba que tendría que recurrir a un impuesto patrimonial a personas jurídicas para financiar la emergencia económica. Sin embargo, ya transcurrió una semana y todavía no se oficializa este gravamen.
La incertidumbre crece, pues las cuentas preliminares del Gobierno apuntan a que se recaudarían alrededor de $8 billones con ese impuesto, pero un cálculo del centro de estudios económicos Anif arroja que realmente serían $13,4 billones.
Así es, el desfase en ambos cálculos genera inquietud en los sectores empresariales, ya que la diferencia es de $5,4 billones.
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Al respecto, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), sostuvo que la diferencia es “enorme”. Añadió: “No es un error menor, es prácticamente otra reforma tributaria encubierta”.
Recordó que la Contraloría General de la República señaló que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo podría contar con unos $2,69 billones disponibles para atender la emergencia. Por esa razón, la pregunta que queda en el aire es si el dinero de este recaudo corporativo será para atender la crisis climática o el déficit fiscal que enfrenta la caja estatal.
Las cuentas claras del impuesto al patrimonio
La medida aplicaría a empresas con patrimonio líquido desde 200.000 UVT, equivalentes a $10.475 millones. A partir de ese umbral, se contemplaría una tarifa marginal de 0,6% para patrimonios de hasta 600.000 UVT ($31.424 millones), y de 1,2% para los montos que superen ese nivel. Por ahora, los detalles se conocen únicamente a partir de anuncios oficiales.
Mientras que el Gobierno nunca reveló cómo realizó sus cálculos, Anif explicó que su estimación fue con base en información empresarial de 2024 proveniente de la plataforma EMIS, que consolida datos de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y las cámaras de comercio, entre otras fuentes oficiales.
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Para el cálculo se excluyeron entidades del sector público, organizaciones sin ánimo de lucro, patrimonios autónomos, sociedades limitadas (Ltda.), empresas de servicios públicos, Empresas Sociales del Estado (ESE), cajas de compensación familiar y otras figuras específicas.
Bajo estos supuestos, el recaudo potencial ascendería a $13,4 billones, de los cuales $13,1 billones provendrían de compañías con más de 200.000 UVT de patrimonio líquido.
Aumento de la carga tributaria y riesgo de doble tributación
El análisis también advierte que el nuevo impuesto implicaría una doble tributación para las personas jurídicas. Si se tiene en cuenta que en 2024 el impuesto de renta pagado por las empresas ascendió a $70,6 billones, sumar $13,4 billones adicionales elevaría la tasa efectiva de tributación del 29,8% al 35,5%, es decir, un aumento cercano a seis puntos porcentuales.
En el informe se lee que, si bien dicho impuesto podría generar un ingreso significativo para el Estado en el corto plazo, su impacto estructural sobre la inversión y la llegada de nuevos capitales debe evaluarse con cautela, especialmente en un país que ya presenta bajas tasas de inversión agregada.
Impacto en inversión y señal a capitales extranjeros
El documento considera que un gravamen de esta naturaleza implica gravar el stock de capital acumulado por las compañías. Esto reduce la rentabilidad esperada de la inversión y encarece la acumulación de activos productivos, lo que puede traducirse en un desincentivo al crecimiento empresarial.
Además, el establecimiento de este gravamen podría enviar una señal negativa a inversionistas internacionales, que podrían reconsiderar a Colombia como destino para instalar o expandir operaciones ante un entorno tributario percibido como menos favorable para la acumulación de capital.
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El antecedente de 2011 y la experiencia internacional
El estudio de Anif recuerda que en el país ya se aplicó un impuesto similar en 2011, en el contexto de una emergencia social y económica. En ese momento, se establecieron tarifas marginales entre 1% y 4,8%. Estudios posteriores encontraron que el gravamen elevó el costo de endeudamiento de las empresas y redujo la inversión de las firmas afectadas.
En el plano internacional, actualmente solo cinco países mantienen alguna modalidad de impuesto al patrimonio empresarial: Suiza, Venezuela, Argentina, Luxemburgo y Noruega, en este último caso para ciertas instituciones financieras. En todos estos países, las tarifas son inferiores al 1% y su alcance es limitado, lo que evidencia que se trata de un instrumento poco extendido y, en muchos casos, transitorio.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿A qué empresas aplicaría el impuesto?
- A aquellas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT.
- ¿Cuánto espera recaudar el Gobierno?
- Aproximadamente $8 billones.
- ¿Cuánto calcula Anif que se recaudaría?
- Cerca de $13,4 billones.
- ¿Podría afectar la inversión?
- Sí. Expertos advierten que podría reducir la rentabilidad y desincentivar la llegada de capitales.
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