Se estima que el pasivo pensional podría incrementarse hasta alcanzar 275% del PIB, unos $3.600 billones.
En desarrollo de las discusiones sobre el proyecto de reforma pensional que sostienen Gobierno, trabajadores, academia y empresarios, Asofondos, gremio de los fondos de pensiones privados, se dio a la tarea de ponerle cifras a la última propuesta planteada en la mesa pensional, la de las centrales obreras.
Entre las propuestas, se habla de la eliminación del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais); dar una renta básica (subsidio) para adultos mayores de 65 años; incrementar las pensiones, así como aumenta el salario mínimo, entre otras.
Para la agremiación, dicha iniciativa, si bien apunta a un propósito loable que es aumentar el número de personas con ingreso para la vejez, conlleva una serie de implicaciones sumamente costosas y que generarían más problemas que soluciones.
Para empezar, deja por fuera de la ecuación el fenómeno del envejecimiento, un factor clave dentro de cualquier análisis de reforma, más aún si se propone que el sistema sea de reparto que, como se sabe, se basa en que jóvenes aporten a los más viejos.
“Actualmente hay aproximadamente cuatro trabajadores por cada adulto mayor, en 30 años serán menos de la mitad, y eso significa que serán insuficientes los recursos para pagar las mesadas de una población envejecida más amplia que la actual”, explica Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.
La propuesta de los sindicatos plantea reducir semanas cotizadas que harían que la cobertura pensional subiera a un 35%, pero deja de lado otros dos factores esenciales: la equidad del sistema y, muy importante, su sostenibilidad fiscal.
Según los estimativos del área de Estudios Económicos de Asofondos, el pasivo pensional casi que se triplicaría llegando a niveles del 275% del PIB, esto es a valores de hoy, una suma cercana a $3.600 billones, “se pone en entredicho la sostenibilidad financiera y crea una verdadera bomba pensional”, asegura Montenegro.
“En un país donde 8 de diez trabajadores no se pensionan, donde un trabajador en promedio al llegar a edad de pensión solo logra 500 semanas cotizadas, resulta inaceptable que recursos públicos se dirijan a quienes tienen mayores privilegios”, y precisa el dirigente gremial que por ejemplo “hoy un subsidio pensional en el régimen público puede llegar hasta unos $1.800 millones, con eso se podría dar una renta vitalicia por más de $332.000 a 19 adultos mayores en estado de vulnerabilidad. En un Estado Social de Derecho es inconcebible que se proponga ser solidario con los que más tienen y se sacrifique a los trabajadores de menores ingresos.”
Para Asofondos la propuesta de las centrales obreras destruye el ahorro. Obvia la problemática del rápido envejecimiento que estamos viendo en el país y, según explica Montenegro, “para enfrentar el envejecimiento es esencial construir ahorro y esta propuesta de reforma plantea desahorro. Hoy el ahorro pensional en los fondos equivale al 30% del PIB”. De prosperar, más temprano que tarde no habrá más remedio que hacer ajustes: subir la edad, subir las cotizaciones, reducir las pensiones y aumentar los años de cotización.
Por su parte, la Escuela Nacional Sindical (ENS) señaló recientemente que la propuesta de pilares que busca impulsar el Gobierno viene siendo discutida por expertos del mundo del trabajo desde hace varios años.
“Desde la ENS y desde los sindicatos creemos que es posible una reforma pensional que garantice los derechos a la protección social a la vejez, que sirva para mejorar la vida de la gente, no para hacérsela más precaria. En tal sentido debe quedar claro que el modelo dual propuesto por la ley 100 fracasó en el cumplimiento de sus objetivos de universalidad, protección y aseguramiento. En cambio, a los banqueros les brindó mejores condiciones para la captura de rentas fabulosas”, se lee en un documento de trabajo de 2019, y que fue retomado para el debate actual.
La propuesta de la ENS se basa en el sistema de pilares que ha promovido la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El primer pilar sería solidario, universal, que asegure un ingreso vital de ciudadanía –o ingreso antipobreza- a toda la población adulta mayor (piso de protección social). Inicialmente se focalizará en la población adulta mayor más vulnerable, para después extenderlo progresivamente a toda la población mayor que no recibe pensión.
Este ingreso antipobreza se financiaría con impuestos corrientes; con los recursos del programa “Colombia Mayor”; con aportes de las empresas que se benefician del trabajo de los recicladores y ventas en kioscos, casetas, “puerta a puerta” y otras estrategias de externalización de ventas; con las devoluciones de los saldos e indemnizaciones sustitutivas de las personas que no tienen las semanas de cotización para acceder a la pensión; y con un sistema de ahorro individual como los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), lo que significa que ese ingreso mínimo se podría incrementar para las personas que agregan sus saldos, devoluciones y ahorros.
Un segundo pilar, equivalente al régimen de prima media, que incluye la afiliación obligatoria a todos los trabajadores con cotizaciones hasta 4 salarios mínimos legales, administrado por Colpensiones. Este pilar incluiría al 94% de los trabajadores asalariados, y les aseguraría ingresos que en ningún caso conlleven la disminución dramática de los ingresos, como les ocurre hoy a los pensionados de los fondos privados.
Además, con este segundo pilar se disminuirían las distorsiones que se presentan hoy en el régimen pensional en materia de subsidios, al asegurar pensiones vitalicias a trabajadores que tienen ingresos superiores a este nivel. El crecimiento y sostenibilidad de este pilar dependerá de las mejoras en la calidad del empleo, que garantice la afiliación y cotización efectiva a los sistemas de seguridad social.
Y un tercer pilar será para trabajadores que puedan cotizar por encima de 4 salarios mínimos mensuales, a través de la apertura de cuentas de ahorro individual, de libre elección entre Colpensiones o los fondos privados, que a su vez permitan ingreso adicional y superior a la pensión que le asegura el segundo pilar.
La propuesta incluye dos puntos adicionales. Uno es la garantía de pensión mínima para todos los trabajadores que cumplieron edad y cuentan hasta con el 70% de semanas cotizadas, para ello se les seguirá descontando la respectiva cotización. El segundo es el restablecimiento del derecho a la negociación colectiva en materia pensional, acatando plenamente las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de OIT.
