Hace unas semanas le fue aprobado el plan de desmonte a la Sociedad Ganadera El Paraíso S.A.S., la cual fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades en 2023, bajo la medida de toma de posesión, por captación no autorizada de dinero del público. Sin embargo, un grupo de víctimas dice no estar de acuerdo con la decisión, pues consideran que peligra la devolución de la totalidad del dinero que invirtieron.
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Para dar contexto, este negocio, que operaba en Llanogrande y Puerto Triunfo (Antioquia), Falán (Tolima), Cimitarra y Puerto Parra (Santander), consistía en recibir cabezas de ganado para administrarlas durante un tiempo determinado y, al finalizar el negocio, se restituían a sus dueños originales.
Pero en la investigación se determinó que los inventarios de ganado que debía tener El Paraíso eran significativamente insuficientes respecto del dinero recibido de los depositantes, sin que se tuviera conocimiento del destino de los recursos que se habían recibido.
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La Sociedad se obligaba a devolver el precio inicial del semoviente y a pagar una utilidad, pactada en un porcentaje, al vencimiento de un plazo, independientemente de que el ganado muriera, enfermara, no tuviera el desarrollo esperado o se viera afectado por cualquier contingencia propia de ese tipo de negocio.
Una vez iniciado el proceso judicial, se realizaron las visitas de secuestro de bienes y se encontraron 4.393 cabezas de ganado y 27 equinos. Se embargaron varios bienes inmuebles, dentro de los cuales figuraban cinco fincas.
En total, fueron más de 3.000 las personas estafadas por un valor que asciende a $83.196 millones.
¿En qué va el proceso judicial de Sociedad Ganadera El Paraíso?
En medio del proceso judicial, en marzo de 2024 los intervenidos presentaron una propuesta de devolución voluntaria de los dineros, la cual, según la Supersociedades, luego de pronunciamientos judiciales y posterior cumplimiento de los requisitos legales, “el juez del proceso aprobó dando la oportunidad de devolución de todos los dineros, es decir del 100% a todas las personas afectadas en un periodo de 36 meses”.
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La Supersociedades explicó que el proceso judicial que se adelanta cuenta aproximadamente con un valor de $21.000 millones, lo cual se traduce en una probabilidad de pago del 25,2% del total de la captación ($83.196 millones); sin embargo, señaló que “con el plan de desmonte, este valor se garantiza ser devuelto en efectivo o en adjudicación de bienes dependiendo de la realización de los inmuebles por el monto total de la captación”.
Así, la medida de intervención judicial de toma de posesión terminó y pasó a la medida de intervención de plan de desmonte
No obstante, Víctor Muñoz, abogado de más de 180 personas que resultaron estafadas, señaló a este diario que no están del todo de acuerdo con esta decisión de la autoridad.
“No se han hecho las modificaciones correspondientes a la verdadera devolución del dinero, porque lo que han querido estas personas (los intervenidos) es hacerlo de manera desigual: a los más pequeños les van a pagar de primero, pero los más grandes tienen que esperar unos tres años para que les den su dinero completo”, explicó.
Para el abogado, el problema es que realizar esta devolución de una manera escalonada viola el principio de igualdad de los acreedores. “Creemos que lo que va a pasar es que simplemente en tres años ellos se van a declarar en insolvencia y no van a pagar a los acreedores que inyectaron grandes capitales. Es imposible que cuando se cumpla ese tiempo la Superintendencia vuelva a intervenir algo que ya ellos han acabado. Esa es una estrategia conocida de los captadores”, dijo.
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Por ahora, este grupo de víctimas interpuso 32 recursos de reposición a la aprobación del plan de desmonte por tres motivos. “El primero es que hay una violación al principio de las acreencias; segundo porque no existen garantías económicas para la devolución del dinero a largo plazo; y tercero porque la Superintendencia no tuvo en cuenta el riesgo legal del lavado de activos y la captación”, puntualizó Muñoz.
¿Qué dice la Supersociedades sobre El Paraíso?
Ruby Ramírez, superintendente delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales de la Supersociedades, explicó a EL COLOMBIANO que para dar marcha a este plan de desmonte el 75% de los afectados tuvo que aprobarlo.
“Ese punto es muy importante porque la norma dice que deben demostrar (los intervenidos) a la Superintendencia que tienen la aprobación del 75% de los afectados, entonces, cuando alcanzan ese porcentaje ya de pronto no hay un esfuerzo para que lo aprueben más personas, que de pronto son los que están interponiendo sus recursos de reposición”, anotó.
Destacó que los intervenidos deben regresar el 100% de la captación; y una garantía, dijo, es que la Supersociedades tiene que hacer seguimiento como juez del proceso para que se cumpla.
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“Esto le pone responsabilidades al captador o a la persona que propuso el plan para que envíe información donde pruebe que se está cumpliendo. Y si en alguna de esas fechas llega a incumplir, la sociedad se va para liquidación, es decir, ya no se salda”, puntualizó la superintendente delegada.
