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Con decreto de MinHacienda, Petro quedaría con la última palabra sobre modificaciones en las vigencias futuras

Un proyecto de decreto propone además que los ajustes en las vigencias futuras deben solicitar la “conformidad” del presidente.

  • Petro podría tener la última palabra frente a las modificaciones o traslados de recursos. FOTO: COLPRENSA
    Petro podría tener la última palabra frente a las modificaciones o traslados de recursos. FOTO: COLPRENSA
19 de febrero de 2024
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El ruido sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) sigue haciendo eco en Colombia, pues luego del ajuste que el Gobierno tuvo que hacer para corregir un error que dejaba cerca de $13 billones para inversión en el aire, ahora sale a la luz un proyecto de decreto que le daría al presidente la legitimidad para decidir si aprueba —o no— cualquier modificación que se haga con los recursos destinados a esa misma partida de la inversión y las vigencias futuras.

Vale mencionar que el Gobierno del presidente Gustavo Petro cuenta este año con $502,6 billones para ejecutar, de los que $99 billones quedaron apropiados para la inversión social, es decir, esos son los recursos con los que se materializan obras y proyectos para la población.

El proyecto de decreto que reposa en la página del Ministerio de Hacienda agrega un parágrafo al artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015, que hace referencia a las modificaciones sobre el detalle del gasto.

Específicamente, el documento compartido por el Minhacienda señala que “cuando se trate de proyectos de inversión, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) y que pertenecen a la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, una vez obtengan el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP), deberán solicitar la conformidad del Presidente de la República, en los casos de autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales”.

Tal como está el borrador Decreto 1068 hoy día, el presidente de la República no aparece dentro del conducto regular que trata sobre esos ajustes que se realizan al presupuesto. En toda la cadena intervienen los directores de organismos, los Consejos Directivos, el DNP y la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.

Tras la tormenta

Este proyecto de decreto se conoce tan solo unas semanas después de que Jorge Iván González dejará la dirección del DNP; una salida que según fuentes cercanas a la situación, se produjo por la inconformidad del presidente Petro con la liquidación del Presupuesto General de la Nación, toda vez que, según indicaron, las vigencias futuras para proyectos de infraestructura —en departamentos como Antioquia— le quitaban oxígeno financiero a los proyectos que el jefe de Estado quería priorizar.

De hecho, la mencionada polémica de los $13 billones en el aire tuvo relevancia porque se supo que quedarían descubiertas obras como el Metro Ligero de la 80 y el Túnel del Toyo, y dejaría dichos recursos para el manejo discrecional del presidente.

Como se está tocando el tópico de las vigencias futuras, que es plata comprometida desde gobiernos anteriores para financiar obras de largo aliento, hay especialistas en hacienda que consideran que este es un nuevo golpe a la certidumbre jurídica en el país, pues los pagos deben honrarse con quienes están levantando las obras civiles.

Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, le comentó a Valora Analitik que el proyecto de decreto en cuestión “es atribuirle al presidente una facultad demasiado amplia y arbitraria. Los ajustes al presupuesto deben obedecer a cuestiones técnicas verificadas por el DNP y el Minhacienda”.

Sobre este mismo asunto, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, señaló a EL COLOMBIANO que el “inconveniente es que esto ralentiza el proceso de ejecución presupuestal. Mejor dicho, es meterle una traba más a la ejecución sin ninguna necesidad porque siempre hay un delegado del presidente del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), esto lo único que hace es seguir deteniendo el proceso de ejecución que, como ya sabemos, fue malo en 2023 y puede llegar a ser peor”.

Por su parte, el también exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, coincidió en que el proyecto de decreto afecta la ejecución presupuestal porque “está sustituyendo a Planeación Nacional y al Ministerio de Hacienda, que son los que deben autorizar los pagos presupuestales. El presidente no es un ordenador del gasto ni un reyezuelo en materias presupuestales”.

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