Exministros de Transporte y Hacienda enviaron una carta en la que advierten que la medida implicaría un incumplimiento de los acuerdos firmados entre el Estado y los inversionistas privados.
Seis exministros de Hacienda y Transporte hicieron pública una carta dirigida al Gobierno Nacional y la ciudadanía en la que expresaban su “profunda inquietud”por las posibles implicaciones de un borrador de decreto divulgado recientemente por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Este decreto plantea distribuir las vigencias futuras ya aprobadas para proyectos de infraestructura de transporte desarrollados bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), lo que, según los exministros, podría generar serios problemas legales y financieros.
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La misiva, dada a conocer este martes 26 de agosto, está firmada por los exministros de Transporte Ángela María Orozco y Germán Cardona, junto con los exministros de Hacienda José Antonio Ocampo, Juan Carlos Echeverry, José Manuel Restrepo y Juan Camilo Restrepo. En ella, advierten que la iniciativa podría acarrear consecuencias penales y, al mismo tiempo, suspender la ejecución de varias obras.
Además, los exministros enfatizaron que el decreto “pretende regular materias que solo pueden ser modificadas o definidas por el legislador y no por el Ejecutivo”, lo que genera dudas sobre su legalidad y constitucionalidad.
Otra de las alertas es que la medida podría ser demandada por los concesionarios, dado que implicaría un incumplimiento de los acuerdos y contratos firmados entre el Estado y los inversionistas privados que participan en los distintos proyectos.
“De expedirse, el decreto pondría en riesgo la credibilidad del sistema de Asociaciones Público-Privadas, que no solo es clave para la financiación y construcción de carreteras, sino también para el desarrollo de infraestructura social, indispensable para reducir la desigualdad en el país”, señalan.
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En cuanto a la posibilidad de zanjar la controversia a través de un artículo que habilite la redistribución de vigencias futuras de común acuerdo entre las partes, precisan que los contratos de concesión ya incluyen cláusulas que contemplan ese escenario. Por lo tanto, introducir dicha opción en el decreto no eliminaría sus cuestionamientos de ilegalidad e inconstitucionalidad.
La carta también señala que la redistribución de vigencias futuras podría poner en peligro la principal apuesta del gobierno en infraestructura vial: la vía El Estanquillo-Popayán, en el suroccidente del país.
“En el caso de esta vía, el 97% de su financiación dependerá de vigencias futuras, ya que contará con un único peaje. Bajo estas condiciones, se generaría un ambiente de incertidumbre y desconfianza que podría desincentivar al mercado a presentar ofertas en la licitación, aumentando el riesgo de que el proceso quede desierto”, advierten los exministros.
De acuerdo con Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), este borrador de decreto amenazala viabilidad de proyectos estratégicos como los programas de cuarta y quinta generación (4G y 5G).
Explicó que cualquier modificación presupuestal sin un soporte técnico o legal no solo afecta al Estado, sino que además erosiona la confianza inversionista y debilita los mecanismos de transparencia en la contratación pública.
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El dirigente gremial recordó que la propuesta también contraviene las advertencias de la Contraloría, la cual ha señalado que las vigencias futuras y los contratos de concesión no pueden ser alterados de manera unilateral.
Caicedo agregó que, en la práctica, el decreto implicaría un incumplimiento de los contratos firmados entre el Estado y los privados, lo que ocasionaría perjuicios patrimoniales. Concluyó que cambiar las reglas de juego en mitad del camino introduce barreras que desincentivan la inversión y ponen en riesgo el desarrollo de la infraestructura en el país.
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