El capítulo Antioquia del Grupo de Diálogo Minero (GDIAM) presentó el primer documento de trabajo en el que se plantean los elementos para generar un debate alrededor de las potencialidades y matices que la actividad trae para esta región del país.
Claudia Jiménez, directora del GDIAM, explicó que las iniciativas surgieron luego de un ejercicio de priorización temática alrededor de aquellas situaciones, problemáticas y virtuosas, de la actividad minera en el departamento, el cual indagó la percepción que tienen los miembros del grupo territorial (ver Para saber más).
La delincuencia, la extracción ilícita de minerales, la poca presencia del Estado y la desigualdad fueron enumerados como los principales aspectos nocivos.
Por su parte, los encadenamientos productivos, la sostenibilidad ambiental, la formalización y el trabajo con las comunidades se convirtieron en los factores de desarrollo más importantes, para los cuales deben trazarse una serie de estrategias que permitan darles un impulso.
La labor, que se inició hace cinco meses, también se centra en temas de planeación y ordenamiento territorial, y en el impulso de las alianzas público-privadas en los municipios como un mecanismo eficiente para financiar proyectos productivos. De igual forma, se establecen precisiones para distinguir los diferentes tipos de extracción y con ello, propender por una regulación diferenciada y, en esa medida, legítima.
La institucionalidad
El texto “Propuestas para una visión compartida sobre la minería en Antioquia”, publicado el miércoles, señala que es necesario brindar un acompañamiento especializado, diferenciado y permanente de las instituciones públicas y privadas con las comunidades en general (étnicas en particular) para acceder a los recursos públicos del Sistema General de Participación y del Sistema General de Regalías.
En ese sentido, algunos integrantes del GDIAM en Antioquia como el alcalde de Támesis, Alexánder Zuluaga, aboga por definir un mecanismo para que las comunidades estructuren proyectos sólidos, que les permitan clasificar en el sistema para recibir recursos de regalías.
“Para hacer esto posible, es preciso identificar y conjurar fallas administrativas (burocráticas), regulatorias, de incapacidad y de comunicación interinstitucional para verificar la naturaleza de los mineros”, se lee en el documento.
El ordenamiento y planeación del territorio es otro de los componentes claves para el desarrollo minero que, según el GDIAM, incluye el suelo y el subsuelo. “En tal sentido, es necesario armonizar la planeación territorial con los instrumentos de desarrollo propios de las comunidades étnicas, como lo son los planes de vida y los planes para su desarrollo”.
En virtud de lo anterior, añade Jiménez, los instrumentos de planeación territorial deben ir en sintonía con la vocación social, económica y medio ambiental de los territorios. Para ello sugiere la creación de un “estructurador de proyectos para los municipios que permita el fortalecimiento de la institucionalidad local”.
Finalmente, el Grupo advierte que es necesario un proceso que aclare y defina la distribución de competencias entre los entes territoriales y el Estado central sobre el uso del suelo y subsuelo y si efectivamente los municipios, sea mediante acuerdo de los respectivos concejos o consultas populares, pueden aprobar, limitar o prohibir los proyectos mineros .
16,9%
del territorio antioqueño tiene títulos mineros, según datos del GDIAM Territorial.
