Las condiciones que pretende establecer el Ministerio de Salud para que el sector privado adquiera vacunas contra la covid-19 tiene a los empresarios analizando el borrador del proyecto que se conoció el lunes, para que a finales de la semana se tome una decisión sobre cómo podrán vincularse al proceso.
“Frente a la posibilidad de vacunación a nuestros empleados, estamos analizando las propuestas del Gobierno para ello”, expresó Carlos Mario Giraldo, presidente de Grupo Éxito.
El empresario indicó que “el plan de vacunación es un propósito nacional y llegar masivamente a toda la población de una manera rápida y eficiente es prioritario, y estamos interesados en poder establecer una forma que nos permita vacunar a nuestros empleados, quienes además en su gran mayoría han estado en primera línea para mantener abastecido al país durante toda la pandemia” (ver Paréntesis).
A su turno, Cristina Arrastía, vicepresidente de Negocios de Bancolombia, mencionó que para este establecimiento un aspecto clave para el normal desarrollo de las actividades comerciales es el bienestar de la población y anunció que la entidad ya ha planteado su intención de acompañar con financiación a los actores que desde el sector privado quieran sumarse a los procesos de vacunación, como forma de apoyar una rápida reactivación de la economía.
“Ya tenemos definida la línea de financiación; no obstante, es necesario esperar a conocer la reglamentación que sobre este tema haga el Gobierno respecto a las condiciones y disposiciones para el uso que las empresas puedan hacer de los biológicos, así como de los procesos asociados en materia de importación, transporte, almacenamiento, insumos y aplicación”, explicó Arrastía.
Gremios
Desde la presidencia de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, consideró necesario socializar y dar a conocer la propuesta entre los afiliados. “Creemos que la norma es contundente al prohibir la comercialización de las vacunas. El interés del sector privado es apoyar al Gobierno en el proceso de manera articulada, pero es necesario evaluar los costos y responsabilidades que están atadas a este proyecto de resolución, antes de tomar una decisión final”.
A su turno, la presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Rosmery Quintero, recordó que un sondeo realizado por ese gremio en marzo mostró que el 65 % de los consultados estaría dispuesto a comprar vacunas y adoptar mecanismos para la conservación.
No obstante, consideró que el borrador presentado por el Ministerio de Salud además de abrir otra puerta para acelerar la vacunación, incluye unas condiciones que los micro y pequeños empresarios y Acopi, como gremio, no estarían en capacidad de cumplir.
Por ejemplo, “hay un alto grado de responsabilidad frente a cualquier afectación, daño o perjuicio que genere la vacunación. Esto recae sobre la entidad que asume este proceso y en eso los riesgos son altísimos; la misma logística y la cadena de frío que se necesita son aspectos muy exigentes que no todos pueden tener”.
Agregó que al no poderse usar la red médica que se está usando para la vacunación, sería necesario establecer acuerdos entre quienes adquieren la vacuna y quienes pueden aplicarla, lo que aumentaría la carga que asumiría el empresario: “Los afiliados a Acopi son empresas pequeñas, dispersas en diferentes sectores”.
Perspectiva médica
Desde la óptica de Andrés Aguirre, director del Hospital Pablo Tobón Uribe, si la idea de permitirle la compra de vacunas contra el covid al sector privado no es competir y sí sumar esfuerzos, debe hacerse.
“Debe garantizarse que no se discrimine a las personas de mayor riesgo y que necesitan prioridad en las vacunas: esto debe mantenerse con total claridad. Pero es necesario acelerar la vacunación y recuperar las actividades económicas. Ya lo están haciendo otros países y empresas como Microsoft”, manifestó.
Además, indicó que la vacuna contra la covid no puede tratarse como si fuera una sustancia ilícita que solo puede manejar el Estado. “Eso sí, debe cuidarse que esto sea a través de cierta institucionalidad que garantice la cadena de frío, que no haya fraude con biológicos y que se suministre la información epidemiológica necesaria para la toma de decisiones de salud pública”.
En línea con algunas de las inquietudes expresadas por los empresarios, Aguirre también añadió que “eso de que el privado asuma las complicaciones eventuales de la vacuna no tiene ningún sentido, porque lo que más trae consecuencias negativas, y es muy costoso, es no vacunar. Esto conlleva altísimos costos para el sistema de salud al tener que atender pacientes covid, incluso en Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) y el costo de vidas humanas que se pierden por no tener la debida protección”
2,47
millones de vacunas contra la covid-19 se han aplicado en el país según MinSalud.
65 %
de las pequeñas empresas estarían interesadas en comprar vacunas: Acopi.
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