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Abecé de la nueva reforma pensional que se adelanta en Chile, ¿se acaban las AFP?

La iniciativa que busca crear un sistema de “seguridad social” mixto se basaría en el modelo de pilares, sistema establecido en 1994.

  • Según explicó el gobierno chileno, este sistema le permitirá a todos los trabajadores de ingresos menores, que en promedio son entre 65% y 70% del total, obtengan una cotización mayor a 6% de su salario. Foto: Julio César Herrera
    Según explicó el gobierno chileno, este sistema le permitirá a todos los trabajadores de ingresos menores, que en promedio son entre 65% y 70% del total, obtengan una cotización mayor a 6% de su salario. Foto: Julio César Herrera
03 de noviembre de 2022
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El miércoles en la noche el presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó la nueva reforma pensional de su Gobierno, que busca cambiar el sistema tradicional a un régimen de pilares, dándole un mayor protagonismo al Estado que haría la gestión de los fondos y cambiando la naturales de las AFP, para transformarlas en Inversores de Pensiones Privados (IPP). La transición tendría un plazo de hasta 24 meses.

El mandatario dijo que los fondos no serán expropiables y podrán seguir siendo heredables. Además, las personas podrán elegir si pertenecer al régimen privado o público, una opción que en la actualidad no existe ya que todos los chilenos están obligados a estar en una AFP.

La idea es que exista uno, un Administrador de pensiones autónomo (APA), que afiliará, recaudará, gestionará cuentas y pagará beneficios; dos, un Inversor de pensiones público y autónomo (IPPA), que podrá hacer inversiones con los dineros, y tres, un Inversor de pensiones privado (IPA), con las mismas funciones del anterior.

“Los ahorros previsionales en las cuentas individuales -tanto los acumulados como los del futuro- mantendrán la propiedad individual, podrán heredarse y no serán jamás expropiados, tal como funciona hoy”, dijo Boric en televisión nacional.

Según el mandatario, el eje central de la reforma es garantizar la seguridad social de los chilenos, por lo cual se busca la contribución del Estado, los empleadores y los trabajadores. Este nuevo sistema cobraría 6% adicional de cotizaciones a cargo del empleador, que se irán acumulando en seis años (1% anual).

El nuevo “seguro social” busca compensar las deficiencias que los trabajadores tengan durante su historial pensional. Además, distribuye los aportes en 70% (4,2 puntos de la cotización adicional) que serán para el registro de ahorros individuales en un fondo colectivo, el porcentaje restante (30%, 1,8 puntos) será para el reparto de beneficios de los pensionados actuales.

Según explicó el Gobierno, este sistema le permitirá “a todos los trabajadores de ingresos menores, que en promedio son entre 65% y 70% del total, obtengan una cotización mayor a 6% de su salario”. La reforma también estipula sistemas de ajustes paramétricos y análisis actuariales cada tres años, que podrían afectar las promesas de los beneficios a futuro.

La reforma pensional de Chile contempla algunos pilares similares al sistema actual de pensiones en Colombia, pues también es de carácter mixto, las personas pueden elegir si pertenecer a un régimen privado o público y acá 16% de la cotización corresponde al salario o ingreso percibido, en el que 75% está a cargo del empleador y 25% del trabajador.

Además, en Colombia el presidente, Gustavo Petro, también ha propuesto un “bono pensional de $500.000 que se asemeja al sistema de “seguridad social” que busca Boric, pues el objetivo es garantizar una mayor pensión para las personas que tuvieron una cotización baja, lo que provendría de fondos del Estado y de las personas que tuvieron un mayor porcentaje de cotización.

En el nuevo sistema de Chile, que se llevará a la Cámara de Diputados la próxima semana, y según cálculos de Hacienda, se aumenta gradualmente la Pensión Garantizada Universal (PGU) desde 193.917 pesos chilenos a 250.000 pesos chilenos, lo que significará un incremento de 28,9%, priorizando en este aumento a los beneficiarios de pensiones más bajas. Además, se buscará ampliar la cobertura de manera gradual desde el porcentaje actual (90%) hasta hacerla totalmente universal, sin embargo, esto estará condicionado al cumplimiento de metas de la recaudación fiscal como lo que suceda con la reforma tributaria.

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