La “nube soberana”, el proyecto con el que Gustavo Petro pensó disputarles a Elon Musk y a Mark Zuckerberg la propiedad del conocimiento humano, está bajo la lupa por partida doble.
En una sesión de agosto, la Junta Directiva de ISA revisó el contrato de $630.000 millones con el que el Ministerio de Ciencia encargó a Internexa, su filial de telecomunicaciones, el proyecto de la “nube soberana”. Que consiste en crear infraestructura y talento de alto rendimiento para sistemas de Inteligencia artificial.
La Junta discutió dos decisiones. La primera, remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación. La segunda, echar para atrás el negocio, porque podría perjudicar a la empresa.
Y como si fuera poco, la semana pasada, tras conocerse la auditoría forense de Ecopetrol quedó también en entredicho el proyecto BioNube, un programa complementario al anterior, y valorado en 80 millones de dólares, cerca de 300.000 millones de pesos. Este proyecto surgió de una visita del entonces presidente Gustavo Petro a Emiratos Árabes Unidos en la que llegó a un acuerdo con el gobierno de ese país, para instalar tres centros de datos estratégicos en Colombia, incluido uno en Santa Marta, con la idea de guardar y procesar la información estatal en el país, como parte de su apuesta por la inteligencia artificial.
Según la Presidencia, esa inversión se destinaría a infraestructura de conectividad y energía, y los centros los construirían y operarían empresas emiratíes en alianza con organizaciones colombianas.
Es decir, son dos componentes de un mismo proyecto de gestión de datos y de Inteligencia Artificial que el discurso oficial mezcló bajo el nombre de BioNube. Juntos suman cerca de $1 billón de pesos, a los que el gobierno de Gustavo Petro les puso el acelerador el año pasado y ahora parecen estar en la cuerda floja.
Si los casos llegan a la Fiscalía, se trasladaría el caso del terreno corporativo al penal. Además indicaría que, a juicio del máximo órgano de gobierno de la compañía, lo ocurrido va más allá de diferencias internas de criterio.
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Por qué ahora el caso de InterNexa
El caso vuelve a la superficie en momentos en que Ecopetrol, que es el dueño del 51,4% de ISA (e ISA la dueña del 99% de Internexa), está revisando en detalle lo ocurrido en los últimos cuatro años en la empresa.
Lo que está en juego trasciende las fronteras. Como Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York, los resultados de la auditoría irán a la Fiscalía y también al Departamento de Justicia y a la SEC de Estados Unidos, cuyas agencias ya han empezado a pedir información sobre expedientes específicos.
Un contrato sin permiso
La irregularidad más grave la reconoció la propia Internexa. La empresa se presentó a la convocatoria del contrato de $630.000 millones sin que su Junta Directiva lo hubiera autorizado, según una carta que reveló El Tiempo en febrero. La compañía calificó ese defecto de insubsanable.
Meses antes se habían reformado los estatutos para que solo la Junta pudiera aprobar negocios de más de 10 millones de dólares. Comprometer a la empresa sin ese aval significaba saltarse el único control interno diseñado para operaciones de ese tamaño. Y es ahí donde estaría la gran ilegalidad.
Pero esa no sería la única anomalía. Se utilizó un monto inusual tratándose de regalías para un solo proyecto. La convocatoria que se llamó “Colombia Inteligente”, se abrió en octubre de 2025 con un plazo de 30 días, que la Procuraduría calificó de “insólito” y que expertos del sector consideraron insuficiente. Hubo denuncias de que las universidades quedaron por fuera.
Solo Internexa superó el puntaje mínimo, y lo hizo por poco, trascendió que obtuvo 78 puntos, apenas tres por encima de los 75 exigidos, mientras que al menos otro participante no se le habría permitido subsanar algunos puntos.
El 18 de diciembre de 2025, la Procuraduría le pidió información urgente a la entonces ministra de Ciencia Yesenia Olaya y advirtió riesgos para el patrimonio público: los términos de referencia tendrían conceptos técnicos indeterminados y requisitos que podían haber restringido la participación de oferentes. Una de las empresas interesadas también acudió a la Procuraduría por una posible vulneración del debido proceso y de los principios de transparencia, igualdad y publicidad, y pidió suspender la convocatoria.
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En enero de 2026, la revista Cambio reveló que el proceso se había resuelto con criterios restrictivos frente a otras convocatorias comparables. La cercanía de Saúl Kattan, gerente de Internexa, con el Gobierno y con la entonces primera dama Verónica Alcocer alimentó sospechas de que los pliegos se habían diseñado a la medida de la empresa. Varias fuentes coinciden, además, en que había dudas sobre la capacidad técnica de Internexa para ejecutar un proyecto de esa magnitud.
En febrero de 2026, la Procuraduría volvió a advertir serias inconsistencias. Diez días después, el OCAD aprobó el proyecto de todos modos. Una semana más tarde se conoció la carta en la que Internexa admitía que su Junta nunca había dado el aval. Es decir, Kattan habría actuado por su cuenta para un negocio de más de medio billón de pesos.
La obsesión presidencial de Petro con BioNube
Todo empezó en febrero de 2025, en los días del primer Consejo de Ministros televisado, aquella sesión del 4 de febrero en la que el gabinete se sacó los trapitos al sol. Petro, fiel a su estilo grandilocuente, presentó la nube como la digitalización del pensamiento humano acumulado. “El que sea el propietario de la nube será el propietario del conocimiento humano”, dijo.
Cinco días después, en un evento de inteligencia artificial en Emiratos Árabes Unidos, fue más lejos. Propuso que la nube fuera un bien común de la humanidad, administrado por un poder público multilateral de alcance global. Allí lanzó BioNube, el proyecto ya mencionado, con una inversión de más de 80 millones de dólares, como punta de lanza de su apuesta por la inteligencia artificial.
Minciencias anunció desde Dubái un acuerdo con el grupo G42 para instalar tres centros de datos en Santa Marta. No fueron pocos quienes se preguntaron por qué ubicar una infraestructura de alto consumo energético en una región con problemas estructurales de servicio eléctrico.
El camino, allanado para el contrato
Desde entonces, una secuencia de decisiones fue despejando el camino de Internexa hacia el contrato.Petro quería que Ecopetrol, cuya junta él había designado, comprara Internexa, porque según él la empresa estaba “en manos de uribistas”. En marzo de 2025, el presidente de ISA, Jorge Andrés Carrillo, anunció la venta. Ese mismo mes se aprobó el proyecto ligado a los 500 años de Santa Marta, con recursos de Ecopetrol y de G42.
En agosto, una directiva presidencial habilitó a Internexa como proveedor estratégico de servicios digitales, y la empresa empezó a recibir más recursos públicos. En septiembre obtuvo en catorce días el reconocimiento como centro de innovación, requisito para aspirar a recursos de ciencia y tecnología. En noviembre presentó su oferta. En diciembre, la Sociedad de Activos Especiales entregó el predio El Manantial para el centro de datos, y ese mismo mes cerró la convocatoria.
Vista en conjunto, la secuencia no parece la de una empresa que compite por un contrato. Parece la de un contrato que se fue construyendo alrededor de una empresa.
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Los hombres del Presidente
Kattan es economista de Los Andes, con estudios en el Inalde y en Wharton. Su relación con Petro venía de la Alcaldía de Bogotá, cuando lo nombró gerente de la ETB. Antes de llegar a Internexa fue consejero presidencial para la Transformación Digital y miembro de la junta de Ecopetrol.
A mediados de febrero de 2025 entró a la Junta de Internexa junto con Sandra Ospina e Iván Cifuentes, otros dos perfiles cercanos al Gobierno. Poco después asumió la presidencia de esa Junta, y el 10 de marzo pasó a ser gerente encargado, en reemplazo de Arbey Gómez, quien llevaba nueve años en la empresa. En menos de un mes pasó de vigilar la administración a encabezarla.
Ese salto no es ilegal por sí mismo. El Decreto Ley 128 de 1976 contempla una inhabilidad para quien pasa de la junta de una entidad a un cargo directivo en ella. Pero en 2021, al resolver el caso de Jorge Andrés Carrillo en EPM, el Consejo de Estado cambió su jurisprudencia y precisó que no aplica a los nombramientos formales. La pregunta de fondo es otra: si ese tránsito acelerado dejó sin dientes a la Junta justo cuando debía vigilar BioNube.
El otro protagonista es Carrillo, exgerente de EPM en la alcaldía de Daniel Quintero y uno de sus hombres de confianza. Llegó a la presidencia de ISA con los cinco votos del Gobierno en la Junta. Bajo su mando se reformaron los estatutos de Internexa para fortalecer a la Junta y facilitar la llegada de personas cercanas al Gobierno. El 26 de febrero de 2026, el Consejo de Estado anuló su elección porque los criterios de evaluación se cambiaron a mitad del proceso, y el 14 de marzo la Junta terminó su contrato sin justa causa.
Ambos casos encajan en un mismo patrón, en ISA e Internexa confluyeron un hombre del círculo de Quintero y otro del círculo íntimo de Petro, justo cuando ambas empresas eran decisivas para BioNube. Establecer si hubo algo más que coincidencia es lo que ahora le correspondería a la Fiscalía.
La versión de Kattan
Kattan ha negado cualquier direccionamiento. Cuando el proceso aún no se había adjudicado, le dijo a El Tiempo que se trataba de una convocatoria pública abierta a quien cumpliera los requisitos, y que Internexa llevaba muchos años trabajando en centros de datos. Fue tajante sobre su papel: “No tengo nada que ver con el proceso”. Explicó que era el Ministerio, y no Internexa, el que aceptaba ofertas y subsanaciones, y que un comité evaluador externo calificaba cada propuesta.
Esa defensa tiene contradictores. Uno de los proponentes aseguró que su propuesta ni siquiera pasó por el comité externo y acusó al Ministerio de prácticas irregulares y discriminatorias. Personas cercanas al proceso replicaron que quienes se quejaban eran empresas sin los requisitos ni la experiencia en inteligencia artificial.
El 3 de febrero de 2026, días después de haber sido ratificado, Kattan fue despedido sin justa causa tras negarse a renunciar. Atribuyó su salida a ISA y a Carrillo, aunque no aseguró que la decisión hubiera sido personal de este. Sostiene que el contrato no fue la causa de su despido y que no estaba adjudicado cuando dejó el cargo. Algunos medios, sin embargo, reportaron que se fue dejándolo firmado sin aval de la Junta.
Parálisis y presiones
BioNube quedó paralizado, y eso generó fricciones dentro del Gobierno. Petro llamó a la Casa de Nariño a Gabriel Melguizo –quien había quedado encargado de la presidencia de ISA tras la salida de Jorge Carrillo–, para presionar que se agilizaran los trámites de la BioNube. Melguizo, al parecer, no le quiso caminar a las exigencias de Petro y dejó el cargo. El 5 de mayo lo reemplazó Olga Patricia Castaño, funcionaria con 26 años en la compañía.
¿Por qué le interesaba al gobierno de Gustavo Petro que Ecopetrol comprara una empresa como Internexa que, en el papel, ya era del Estado? La respuesta está en que Internexa dependía de ISA, una compañía con junta propia, con socios minoritarios como los fondos de pensiones. Mientras siguiera allí, la Casa de Nariño no tenía mando directo sobre ella. Pasarla a Ecopetrol, donde la Nación es dueña de cerca del 88% y el Gobierno pesa más en las decisiones, la ponía al alcance del poder presidencial.
Además, Internexa no era un activo cualquiera. Por ella ya habían pasado contratos voluminosos con el Estado: el del SENA, por cerca de 3 billones de pesos. Controlarla equivalía a tener a mano una herramienta para contratar en grande. Esa es la hipótesis que hoy ronda la auditoría de Ecopetrol, que rastrea el proyecto BioNube, de 80 millones de dólares, justo en el terreno donde operaba Internexa.
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Las preguntas pendientes
Si el caso llega a la Fiscalía, habrá que responder quién decidió presentar la oferta sin autorización de la Junta de Internexa y por qué nadie lo detuvo. También cómo obtuvo la empresa en catorce días el reconocimiento como centro de innovación, y por qué el OCAD aprobó el proyecto pese a dos advertencias de la Procuraduría.
Queda además el papel de la directiva presidencial de agosto de 2025 y de las presiones que recibió Melguizo. Y una pregunta práctica: si ISA echa para atrás el negocio, qué pasará con los $630.000 millones de regalías y con el predio El Manantial.
Lo que viene
La auditoría de Ecopetrol, que se estima tardará entre cuatro y ocho meses, está asegurando bajo cadena de custodia correos, chats y testimonios de directivos de la matriz y de filiales como Cenit e ISA. Lo que encuentre sobre BioNube podría sumarse a lo que la Junta de ISA decida enviar a la Fiscalía.
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