Las solicitudes de insolvencia de personas naturales podrían cerrar 2026 con una cifra histórica en el país. FGA Fondo de Garantías advierte riesgos para el crédito y la cultura de pago.
La insolvencia de personas naturales dejó de ser una alternativa excepcional para convertirse en una señal de alerta para el mercado crediticio colombiano. El creciente número de ciudadanos y pequeños comerciantes que recurren a este mecanismo refleja un aumento del sobreendeudamiento y plantea nuevos desafíos para la sostenibilidad del sistema financiero, la cultura de pago y el acceso al crédito.
Según cifras del Sistema de Información de Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición (Sicaac) analizadas por FGA Fondo de Garantías, durante lo corrido de 2026 ya se han contabilizado más de 9.500 solicitudes de insolvencia. Si la tendencia actual se mantiene, el país podría cerrar el año con 26.640 procesos, la cifra más alta desde la creación de este mecanismo.
Los datos muestran una expansión significativa en los últimos años. En 2024 se reportaron 10.441 solicitudes de insolvencia de personas naturales, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 18.726 casos, lo que representó un incremento del 76%.
Con base en esta evolución, FGA Fondo de Garantías proyecta que 2026 marcará un nuevo récord. Sin embargo, el aumento en el volumen de procesos viene acompañado de una preocupación adicional: cerca de 14.000 solicitudes podrían concluir sin alcanzar acuerdos de pago entre deudores y acreedores.
Este escenario incrementaría la presión sobre todas las partes involucradas, incluidos los deudores, las entidades acreedoras, los centros de conciliación y los intermediarios financieros.
El Régimen de Insolvencia para personas naturales permite que quienes enfrentan dificultades para cumplir sus obligaciones financieras puedan reorganizar sus deudas mediante un proceso legal de negociación con sus acreedores.
La entrada en vigor de la Ley 2445 de 2025 amplió el alcance de esta herramienta, facilitando el acceso de más personas naturales y pequeños comerciantes que buscan regularizar su situación financiera.
No obstante, desde FGA señalan que el incremento de solicitudes también representa un reto operativo para el sistema. Un mayor número de procesos puede afectar la capacidad de respuesta de los centros de conciliación, generar demoras en los trámites y dificultar la construcción de acuerdos sostenibles entre las partes.
“Esta figura cumple un papel importante porque les permite a muchas personas reorganizar sus obligaciones y buscar una segunda oportunidad financiera. Pero su crecimiento acelerado también exige una conversación seria sobre sostenibilidad, cultura de pago y capacidad operativa del sistema. La insolvencia no puede entenderse como una forma de evadir obligaciones, sino como una herramienta para recuperar el orden financiero y preservar la confianza entre deudores y acreedores”, afirmó Adriana Correa Restrepo, vicepresidenta Corporativa de FGA Fondo de Garantías.
Para FGA Fondo de Garantías, el desafío no radica únicamente en la cantidad de solicitudes que llegan al sistema, sino en la efectividad de los acuerdos alcanzados.
Cuando los procesos de insolvencia no culminan con acuerdos de pago viables, aumenta la presión sobre los acreedores y se debilita la confianza en el sistema financiero. Además, esta situación puede traducirse en condiciones más estrictas para el otorgamiento de crédito a otros usuarios.
La entidad advierte que el sector financiero y los mecanismos de respaldo crediticio deben encontrar un equilibrio entre ofrecer alternativas para quienes atraviesan dificultades económicas y garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.
Ante el crecimiento de las insolvencias, FGA considera que será fundamental fortalecer la educación financiera, promover acuerdos responsables entre deudores y acreedores y mantener incentivos que favorezcan el cumplimiento de las obligaciones.
La entidad sostiene que estas acciones serán determinantes para evitar que el aumento de los procesos de insolvencia termine afectando la confianza en el sistema financiero y el acceso al crédito formal.
Asimismo, insiste en que esta figura jurídica debe conservar su propósito original: servir como un mecanismo de reorganización financiera para quienes enfrentan dificultades económicas, y no convertirse en una señal de deterioro generalizado de la calidad crediticia en el país.
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