La discusión sobre las fotomultas vuelve al centro de la política de movilidad en Colombia. El Gobierno De la Espriella anunció una revisión integral de las cámaras de fotodetección instaladas en el país para determinar si realmente cumplen una función de seguridad vial o si algunas terminaron convertidas en mecanismos de recaudo.
Por eso, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, aseguró que las cámaras que no tengan una justificación técnica podrán ser retiradas.
A su vez, la revisión también analizará la concentración de dispositivos en determinados corredores y endurecerá los requisitos para autorizar nuevas instalaciones.
La decisión llega en medio de investigaciones de la Superintendencia de Transporte que involucran a 37 organismos de tránsito y más de 7,5 millones de comparendos, además de una creciente discusión política y ciudadana sobre el propósito de estos sistemas.
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El Gobierno no descarta retirar cámaras de fotomultas
En entrevista con El Tiempo, la ministra Noguera aclaró que no habrá un desmonte generalizado, pero sí podrán retirarse aquellas cámaras que no tengan una justificación técnica relacionada con la seguridad vial.
“Cuando la revisión demuestre que una cámara no tiene una justificación técnica de seguridad vial, será retirada”, señaló la funcionaria.
La cartera de Transporte también revisará la distancia y concentración de las cámaras. La idea es que cada corredor vial tenga únicamente los dispositivos necesarios para prevenir siniestros y salvar vidas.
Esto significa que el Gobierno no plantea establecer simplemente un número uniforme de metros entre una cámara y otra. La ubicación deberá responder a las condiciones particulares de cada corredor y estar sustentada técnicamente.
Además, las nuevas autorizaciones tendrán requisitos más exigentes y deberán demostrar que responden a una necesidad real de seguridad vial.
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Lo idea del nuevo Gobierno nacional es que aumentar el número de cámaras no necesariamente significa reducir las muertes en las carreteras.
Entre 2021 y 2025, las muertes por siniestros viales aumentaron cerca de 20 %, al pasar de unas 7.300 a 8.700, mientras en ese mismo periodo fueron autorizadas 670 nuevas cámaras.
Para Noguera, estos datos muestran que la fotodetección, por sí sola, no resuelve el problema de la siniestralidad. “La política debe medir vidas salvadas y no simplemente cámaras instaladas”, es la orientación que plantea la ministra.
Por eso, la revisión estará acompañada de una política más amplia que incluya ingeniería vial, señalización, pedagogía y control.
¿Cuántas cámaras de fotodetección hay actualmente?
Una revisión de los registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial muestra que desde 2018 se han autorizado 1.339 dispositivos de detección electrónica para esta finalidad. Sin embargo, actualmente están activos 356 dispositivos distribuidos en 20 departamentos.
Bogotá concentra la mayor cantidad, con 88 cámaras. Le siguen Cali, con 67; Medellín, con 39; Barranquilla, con 29, y Manizales, con 23.
La instalación de nuevos dispositivos, además, ha tenido un comportamiento creciente en los últimos años. Hasta el 18 de agosto de 2026 se habían autorizado 131 nuevos dispositivos. En 2025 fueron 409; en 2024, 125; en 2023, 95, y en 2022, 44.
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La investigación por 7,5 millones de comparendos seguirá
Uno de los puntos más sensibles de la discusión es la investigación que adelanta la Superintendencia de Transporte contra 37 organismos de tránsito.
La ministra Noguera confirmó que el proceso continuará con independencia y respetando el debido proceso. “Si el Estado le exige al ciudadano cumplir la ley, el Estado también tiene que cumplirla rigurosamente”, señaló.
La investigación comenzó después de que la Superintendencia encontrara posibles incumplimientos de los requisitos técnicos establecidos para operar los Sistemas Automáticos de Detección de Infracciones de Tránsito.
Uno de los principales hallazgos está relacionado con el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito que busca garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas.
En esa investigación, la Superintendencia encontró que 12 organismos de tránsito comenzaron a operar sin ese concepto. Siete utilizaron conceptos expedidos a terceros, y 18 obtuvieron el concepto después de haber comenzado a operar.
Entre las autoridades investigadas están las de Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otras.
¿Qué puede pasar con los comparendos?
Los 37 organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos desde que comenzaron a utilizar los sistemas. De ese total, 1.582.398 ya fueron pagados, lo que representa recursos superiores a $1,05 billones.
La Superintendencia también advirtió que, si se determina que hubo irregularidades que afectan la validez de los comparendos, los organismos de tránsito podrían estar obligados a devolver los recursos recaudados y enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado.
En ese escenario, el impacto económico podría superar los $2,1 billones. Además, 5.832.906 comparendos que todavía no han sido pagados podrían quedar sin validez y tendrían que ser revocados de oficio por las respectivas autoridades de tránsito.
La eventual medida podría beneficiar a más de 1,4 millones de ciudadanos. Las mayores cifras de fotocomparendos identificadas por la investigación corresponden a Cali, con 2,7 millones; Medellín, con 717.000; Bogotá, con cerca de 294.000, y Barranquilla, con 131.000.
Cabe recordar que la polémica también tiene un componente financiero en Medellín, Por ejemplo, el sistema de fotodetección acumula un recaudo histórico superior a $1,1 billones y el manejo de estos recursos ha sido objeto de cuestionamientos.
En noviembre pasado, durante una discusión en el Concejo de Medellín, se llamó la atención sobre la operación del sistema por parte de un operador privado.
La revisión nacional anunciada por el Ministerio de Transporte podría poner nuevamente sobre la mesa preguntas sobre el destino de los recursos, los modelos de operación y los incentivos que existen alrededor de las fotomultas.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Van a retirar las cámaras de fotomultas que ya están instaladas en Colombia?
- Sí, algunas podrían ser retiradas. El Ministerio de Transporte revisará cada dispositivo y desmontará aquellos que no tengan una justificación técnica relacionada con la seguridad vial. No habrá un desmonte generalizado.
- ¿Cuántas cámaras de fotomultas están activas actualmente en Colombia?
- Actualmente hay 356 dispositivos activos en 20 departamentos. Desde 2018 se han autorizado 1.339 dispositivos de detección electrónica, aunque no todos permanecen en funcionamiento.
- ¿Qué pasará con los 7,5 millones de comparendos investigados por la Superintendencia de Transporte?
- Las investigaciones continuarán y deberán respetar el debido proceso. De los más de 7,5 millones de comparendos, 5.832.906 que aún no han sido pagados podrían perder validez y ser revocados de oficio si se confirman las irregularidades.
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