La propuesta del Gobierno nacional para cobrar más por el galón de diésel a vehículos particulares, diplomáticos y oficiales tiene en alerta a las estaciones de servicio del país.
Aunque el objetivo es reducir el enorme hueco fiscal que deja el subsidio a este combustible, el gremio de los distribuidores advierte que la medida es “inviable operativamente” y podría generar graves distorsiones económicas en todo el sistema.
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La idea del Ejecutivo, planteada en un borrador de decreto publicado por los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, es establecer un precio diferencial del diésel para ciertos tipos de vehículos, como automóviles, camionetas, camperos y cuatrimotos que usen este combustible pero no sean de carga ni de transporte público.
Otra finalidad es desmontar el subsidio para este segmento del parque automotor, que, aunque representa una porción minoritaria, tiene alto poder adquisitivo y consume combustible subsidiado.
La razón de fondo es el déficit que enfrenta el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que en 2024 fue de 10,6 billones de pesos y, de no tomar medidas, cerraría 2025 con un hueco adicional de 8,1 billones de pesos solo por el subsidio al diésel.
Gremios alertan sobre dificultades técnicas y falta de concertación
Sin embargo, el anuncio prendió las alarmas en la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE), que agrupa a más de 6.400 estaciones de servicio en todo el país.
Su presidente, David Jiménez Mejía, aseguró que “no existe forma técnica ni operativa para implementar el cobro diferenciado sin una reglamentación clara ni diálogo previo con el sector”.
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“El diésel se compra hoy a un precio único en las plantas mayoristas. ¿Cómo se supone que una estación venda a dos precios distintos? ¿Cómo controlar qué cliente usa qué vehículo y cuánto consume?”, cuestionó Jiménez, recordando que un esquema así requiere herramientas que hoy no existen en los puntos de venta.
El gremio teme que se repita lo que ocurrió en septiembre de 2024, cuando el Gobierno decretó un aumento súbito de más de 1.900 pesos por galón en plena madrugada de un sábado.
La medida fue revertida días después tras el paro camionero, pero muchas estaciones ya habían comprado diésel caro y tuvieron que venderlo más barato, generando pérdidas que, según COMCE, superaron los 20.000 millones de pesos.
Zonas priorizadas: incertidumbre sobre cómo aplicar la medida
El borrador del decreto también plantea aplicar el precio diferencial en zonas específicas del país. Según el Ministerio de Minas y Energía, el ajuste comenzará en las principales ciudades y áreas metropolitanas como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde se concentra el 72% del parque vehicular objetivo y el 37% del consumo de este tipo de diésel.
Además, el mecanismo se extendería a municipios seleccionados de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. No obstante, la segmentación por zonas y tipos de vehículo ha generado aún más dudas en el gremio.
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“¿Cómo manejar un precio por galón en una ciudad y otro en otra? ¿Cómo capacitar al personal y adecuar los sistemas para reconocer qué carro paga más o menos? Sin una reglamentación detallada, esto es imposible de operar”, afirmó Jiménez.
El directivo recalcó que hasta que no haya una resolución del Ministerio que reglamente el procedimiento dentro de la cadena de distribución, la propuesta carece de efectos prácticos.
Sobre esta medida, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, destacó que se trata de una acción necesaria para avanzar en la justicia fiscal y ambiental.
“Así como ya desmontamos el subsidio a la gasolina, ahora lo vamos a hacer con el diésel, protegiendo a los vehículos de carga, la producción y el transporte de alimentos, para evitar efectos inflacionarios. La ciudadanía debe acompañarnos. Son 300 mil millones de pesos, que, con solo esta medida al año, podemos ahorrarnos todos los colombianos porque esto es del Presupuesto General de la Nación”.
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