La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó sobre la imposición de una multa por 2.128 millones de pesos a Uber a razón de obstruir una visita administrativa adelantada el 13 de octubre de 2017.
De acuerdo con la SIC, “existen instrucciones institucionales de no dar información respecto al negocio de la empresa ni otorgar acceso a los computadores y demás equipos de la compañía, la cual fue puesta en marcha en la visita adelantada por la Autoridad” (ver ¿Qué sigue?).
Sobre la sanción, Uber le dijo a EL COLOMBIANO que respeta la ley nacional y las decisiones emitidas por las autoridades, pero que “la compañía no ha recibido notificación de la decisión de primera instancia adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual no se encuentra en firme. Una vez la compañía sea notificada de la decisión, efectuará el análisis correspondiente a efectos de definir la pertinencia de interponer los recursos del caso”.
Lo cierto es que esta se convierte en una nueva disposición de la SIC para ejercer vigilancia sobre Uber. Esto a pesar de que Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, dijera en entrevista con EL COLOMBIANO del pasado 8 de mayo, que: “Yo no regulo ni superviso salvo que tenga un marco jurídico, tengan domicilio en el país y la relación contractual se dé en Colombia. Para la SIC, Uber, por ejemplo, no existe porque está fuera del marco jurídico”.
Aún así, “la SIC está buscando instrumentos para poder regular hasta donde le compete. De ahí que se presenten estas decisiones. En el ejercicio de sus funciones la entidad debe vigilar cualquier establecimiento comercial, así no tenga personería jurídica”, afirmó José Roberto Acosta, miembro de la Red por la Justicia Tributaria.
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