La Contraloría General, a través de la Contraloría delegada para el Sector Minas y Energía, ordenó el inicio de una actuación especial de fiscalización a la hidroeléctrica Urrá, con el objetivo investigar presuntas irregularidades en la contratación de la venta de energía, las cuales podrían haber ocasionado significativas pérdidas económicas para la empresa, en la que el Estado colombiano posee una participación del 99,98%.
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La actuación se centrará en examinar la posible concentración de la contratación de energía en un reducido número de empresas comercializadoras, así como la presunta adjudicación directa, “a dedo”, de estos contratos, sin un criterio técnico claro para su asignación.
El organismo estima que estas prácticas habrían generado pérdidas superiores a los $300.000 millones, debido a los altos márgenes de utilidad que habrían obtenido las empresas vinculadas con la contratación de Urrá.
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La Contraloría investigará igualmente una posible afectación al patrimonio público, dado que los precios de los contratos adjudicados podrían no corresponderse con los precios de mercado vigentes para los años 2023 y 2024.
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