viernes
7 y 9
7 y 9
La presunta cartelización para fijar el precio del cemento y repartirse el mercado de ese material en Colombia, durante 2010 y 2012, habría presionado al alza el costo de ese insumo de la construcción en un 36,8 %.
Así lo señala el informe motivado de la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia, que luego de cuatro años de averiguaciones aseguró tener pruebas del pacto ilegal sostenido por Cementos Argos, Cemex y Holcim.
Según el documento, durante los tres años que operó el cartel los precios del cemento de esas empresas mostraron un comportamiento paralelo y al alza, por lo que recomendó sancionarlas económicamente, así como a los presuntos responsables de esa práctica.
El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, en diálogo con EL COLOMBIANO explicó que “ahora se le dará traslado del texto a los investigados para que se defiendan, luego se convocará al Consejo Asesor de Competencia para tomar una decisión”.
En ese contexto, tanto las empresas como las personas naturales vinculadas tienen un plazo de 20 días para responder a los señalamiento, por lo que la aplicación o no de las sanciones económicas se conocerá en unos dos meses, posiblemente, antes de que termine este año.
Para 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recibió las primeras quejas y en 2013 inició la investigación formal e imputó cargos contra cinco cementeras.
Tras recolectar información y practicar pruebas, se indicó que Argos, Cemex y Holcim habrían incurrido en prácticas de competencia desleal, al igual que algunos de sus directivos (ver Implicados).
En el caso de la cementera paisa fueron vinculados al proceso el expresidente del Grupo Argos, José Alberto Vélez; el actual presidente de esa holding, Jorge Mario Velásquez; Ingrid Restrepo Libreros, quien para el periodo de la investigación era gerente de Negocio Masivo de Argos y Adriana Rodríguez Uribe, quien era directora de Información Comercial.
También están relacionados Carlos Jacks Chavarría, expresidente de Cemex; Miguel Ángel Rubalcava, expresidente de Holcim y Jaime Antonio Hill, quien se desempeñó como director Comercial de Holcim.
Para otras dos compañías, que en principio fueron asociadas al supuesto cartel (cementos Tequendama y San Marcos) no se recomendaron sanciones, pues estas explicaron y demostraron satisfactoriamente su actuación durante los años investigados.
El presidente de Cementos Argos, Juan Esteban Calle, defendió la actuación de la compañía y se declaró confiado en demostrar que no se infringieron las normas.
“Las imputaciones de la SIC no las compartimos y nos parece que el análisis, en un periodo de 36 meses, llega a conclusiones erradas de la dinámica del mercado y de la industria. No se puede hablar de un crecimiento de precios excesivos en ese lapso”, comentó el empresario.
A su turno, Cemex envió a la Superintendencia Financiera una comunicación, en la que anotó que “el informe motivado tiene carácter de recomendación, que cierra la etapa de investigación y que no implica la culminación del proceso ni la condena al pago de una sanción o multa”.
También agregó que si la SIC decide imponer las sanciones acudirá a la vía administrativa para presentar recurso de reposición o la jurisdicción contencioso administrativa para demandar esa decisión.
También, Holcim mediante un comunicado negó la realización de un acuerdo con sus competidores y anunció que seguirá defendiéndose.
Finalmente, de quedar en firme las acusaciones por las dos presuntas irregularidades cometidas, la SIC multaría con 147.543 millones de pesos a cada una de las firmas, con lo que la sanción económica superaría los 442.630 millones de pesos (ver Implicados).