Ecopetrol y la canadiense Gran Tierra Operations Colombia GMBH Sucursal suscribieron un acuerdo para impulsar la producción de hidrocarburos en los campos Tisquirama y San Roque, ubicados en el departamento del Cesar.
El acuerdo contempla una inversión total de US$92,4 millones en el Área de Operación Directa Tisquirama, que será asumida en su totalidad por Gran Tierra y ejecutada durante los 40 meses siguientes al perfeccionamiento de la transacción.
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Una vez finalizadas las actividades, la compañía canadiense obtendrá el 49% de la producción base de ambos campos, así como el mismo porcentaje de la producción adicional que se genere.
En 2025, estos activos registraron una producción promedio de 2.500 barriles equivalentes de petróleo por día (bped); con las intervenciones previstas, se estima que esta cifra supere los 13.000 bped.
Con esta alianza, ambas compañías indicaron que ratifican su apuesta por dinamizar la actividad en el Valle Medio del Magdalena, una de las cuencas con mayor tradición y volumen de hidrocarburos en Colombia.
Plan de recobro y aumento de producción energética
Una vez se cumplan las condiciones pactadas, incluida la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio, se dará inicio al programa de inversión enfocado en recobro secundario mediante inyección de agua.
El objetivo es incrementar la producción de hidrocarburos en el área, contribuir al abastecimiento energético del país y generar empleo en la región.
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Cuestionamientos por riesgos socioambientales y de derechos humanos
Este acuerdo se produce en medio de cuestionamientos. A comienzos de este año, la Fundación para el Desarrollo Social y Sostenible “Pensarte” envió una carta a la Presidencia de la República y a la Junta Directiva de Ecopetrol en la que advierte sobre posibles riesgos jurídicos, sociales y ambientales asociados a la cesión de la operación a Gran Tierra.
En el documento, la organización señala que resulta “jurídicamente preocupante” que una empresa con participación mayoritaria del Estado establezca alianzas con compañías que han sido objeto de cuestionamientos públicos por su presunto historial socioambiental y denuncias relacionadas con eventuales vulneraciones a los derechos humanos.
La fundación enfatizó que su advertencia responde a la naturaleza de Ecopetrol como sociedad de economía mixta y administradora de recursos estratégicos de la Nación.
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En ese sentido, solicitó una evaluación rigurosa de riesgos legales, sociales y ambientales, incluyendo la verificación de estándares constitucionales, legales e internacionales en materia de derechos humanos y protección ambiental.
La comunicación también hace referencia a una investigación del portal Rutas del Conflicto, que recoge denuncias sobre posibles impactos en ríos considerados sagrados y afectaciones a comunidades indígenas en contextos asociados a actividades petroleras.
No obstante, el documento aclara que estas referencias no constituyen un prejuzgamiento contra la multinacional, aunque sí implican un “deber especial de diligencia” para Ecopetrol.
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Exigen medidas preventivas y garantías de derechos
La Fundación Pensarte solicitó la adopción de medidas preventivas que aseguren el respeto por las comunidades, el territorio y el patrimonio público en caso de que avance la cesión de la operación.
Asimismo, instó a la Junta Directiva de Ecopetrol a priorizar el respeto y la garantía efectiva de los derechos humanos y del interés general por encima de cualquier interés contractual.
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