El presidente Gustavo Petro, quiere dejar instalados y en funcionamiento 6 gigavatios (GW) de energía renovable en este cuatrienio y cuyas invesiones se estiman en US$6.000 millones, y en esa meta las regalías jugarán un papel clave.
La intención del Ejecutivo es que antes del 2026 y gracias a parte de estos recursos que dejan la operación minera y petrolera, se meta el acelerador a fondo para llevar y copar la transición energética en los entes regionales y territoriales, y así está siendo ventilado en el Foro de Sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) que se realiza por estos días en Barranquilla.
Para el Gobierno nacional hay tres fuentes fundamentales o asignaciones del Sistema General de Regalías que pueden contribuir a este objetivo a nivel nacional, departamental o municipal.
“Una fuente importante se llama Incentivo a la Producción que son unos dineros importantes para los municipios productores de recursos naturales, los cuales pueden presentar proyectos orientados hacia la transformación extractiva en sus territorios y prepararse para un eventual proceso de marchitamiento por la declinación de estas operaciones”, explicó Tania Guzmán, subdirectora de Regalías del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Otra de las fuentes a las que apelará el Ejecutivo son los recursos de la llamada Asignación para Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR. De acuerdo al reporte del Sistema, para el bienio 2023 - 2024 está destinados alrededor de $3 billones para la ejecución de proyectos en la materia y en los que cabrían el montaje plantas de generación de energía limpia como las solares y eólicas.
“Es una partida de recursos significativa porque representa el 10% del total de los dineros del Sistema y que se podrían orientar a esos procesos para la fortalecer la matriz de generación eléctrica limpia, pero dejo en claro que no todos los dineros se destinarían para este fin”, resaltó la funcionaria.
Así mismo, la tercera fuente de recursos del SGR que están en las cuentas del Gobierno para la transición energética en los entes territoriales son las asignaciones para la inversión regional y local.
“Son dineros orientados al desarrollo de proyectos estratégicos como los de la transición energética y representan el 34% del total de dineros que están en el Sistema, y de los cuales el 60% son asignados a los departamentos y 40% para los municipios”, dijo Guzmán.
La funcionaria de Planeación subrayó que el presidente Petro considera que los recursos de las regalías son una de las piedras angulares para acelerar aún más el desarrollo de iniciativas de alto impacto y largo plazo en la generación renovable de energía.
Transición ordenada
Sin embargo, tanques de pensamiento e investigación económica del país recalcan que, si bien la transición energética de Colombia no tiene reversa, esta debe hacerse de forma ordenada y con el tiempo que se requiera para su implementación, así este sea de décadas.
“Hay riesgos para las regiones y municipios si no se lleva a cabo una transición energética ordenada, que no acoja los escenarios de rentabilidad, especialmente de impacto productivo en los sectores, como el minero o el petrolero”, resaltó Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo).
El analista recalcó que al acelerarse el desarrollo de proyectos de energías limpias en los entes territoriales se podrían presentar afectaciones importantes no solo del destino de las mismas regalías, sino también de la propia producción y crecimiento económico de los municipios y departamentos que dependen de las actividades extractivas.
“Estamos hablando de efecto negativo en el crecimiento económico del 1% para los departamentos, y también se afectaría el empleo formal con cifras que llegarían al 10% o 13%, ya que un componente importante de esta última variable en regiones productoras tiene que ver con el desarrollo de estas operaciones”, dijo Mejía.
Añadió que se deben trazar escenarios razonables para la transición energética de mediano y largo plazo en las regiones y municipios que garanticen su implementación de forma segura, ya que así se es responsable desde el punto de vista macroeconómico.
“Con una transición energética acelerada en la incorporación de proyectos eólicos y solares le podría costar al país más de $160 billones”, recalcó el vocero de Fedesarrollo.
Corresponsabilidad
Para los gremios del sector petrolero del país, la transición energética no es de años, sino de décadas, más cuando el mundo, y sobretodo el país, depende de los hidrocarburos.
Para la ACP, la transición energética es un proceso que necesariamente implican el desarrollo de tres transiciones de manera paralela: el transito al consumo de energías limpias; transición productiva; y transición Fiscal (a nivel nacional y especialmente a nivel local).
En relación con la primera, desde el gobierno pasado se trazó una hoja de ruta a través de Conpes 4075 de 2022 y que el actual gobierno pretende profundizar para lo cual está trabajando en una hoja de ruta al respecto.
De lo mencionado por el Ejecutivo se puede desatacar el impulso a la generación de energías limpias, especialmente las eólicas; sin embargo, hay una serie de debates acerca del rol de combustibles fósiles en el mediano y largo plazo en Colombia, especialmente, en cómo hacer más limpia nuestra matriz de energética”, resalta un documento del gremio.
En relación con la transición productiva de acuerdo con las cuentas nacionales publicadas por el Dane, en promedio el PIB de departamentos con presencia del sector de hidrocarburos, como Meta, Casanare, Arauca, Putumayo y Cesar dependen alrededor de un 50% de manera directa de la industria. Contando los encadenamientos productivos este porcentaje podría ser incluso mayor.
Finalmente, la transición Fiscal (especialmente local); de acuerdo con el DNP el presupuesto indicativo total que corresponde a los municipios y departamentos por efecto de regalías directas en el bienio 2021 y 2022 es de $6.8 billones.
Parque eólico de Enel en el limbo
El futuro de Windpeshi, el parque eólico de Enel Green Power en La Guajira, es incierto. A través de un comunicado la empresa manifestó que ha tenido dificultades para lograr un ritmo constructivo constante debido a diversos bloqueos que han impedido avanzar en el cronograma de obras previsto, hecho que tiene al proyecto en una situación crítica. Tan sólo entre 2021 y 2022, las obras estuvieron detenidas durante cerca del 50% de las jornadas laborales y en lo corrido de 2023, la cifra asciende a un 60%.
“Si bien, la Compañía ha manifestado su voluntad y apertura al diálogo con todos los actores a nivel local, regional y nacional para tratar todas las inquietudes, preocupaciones, peticiones e inconformidades frente al proyecto, algunas comunidades de manera continua han optado por las vías de hecho que impactan los avances en la construcción”, resalta la nota.
* Por invitación de Acp
