Se trata de un decreto de servicios públicos y energía que alista el Gobierno. Aquí le contamos los detalles del borrador de decreto.
El Gobierno Nacional alista un decreto que para algunos ya es catalogado como una minireforma del sistema de servicios públicos en el país, mientras que para otros se trata de un proyecto que realmente no hace mayores cambios.
El proyecto borrador incluye 10 artículos que buscan establecer “lineamientos en relación con el régimen tarifario del servicio público de energía eléctrica y se adoptan otras disposiciones en materia de servicios públicos domiciliarios”.
Una de las propuestas más llamativas es que busca redistribuir las cargas financieras del sector eléctrico, particularmente aquellas asociadas con la llamada deuda “opción tarifaria”.
Para contexto, la “opción tarifaria” se creó en el gobierno de Iván Duque y permitió, durante momentos de alza en los costos por la pandemia, que los hogares de menores ingresos (estratos 1, 2 y 3) difirieran parte del pago de sus facturas, acumulando una deuda que actualmente asciende a aproximadamente $3 billones.
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El actual mandato de Petro prometió asumir ese saldo. Uno de los intentos fue por medio de una ley de financiamiento o reforma laboral que terminó por hundirse en el Congreso a finales de 2024, por lo que no progresó.
Este anteproyecto retoma la idea. Establece que los usuarios pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6, así como los pequeños establecimientos comerciales que están bajo regulación, deberán asumir el saldo pendiente de esa deuda, en un esquema de solidaridad tarifaria.
Alejandro Castañeda, director de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), confesó tener dudas sobre ese borrador. “Yo no creo que desde el punto de vista legal un usuario pueda pagar la deuda de otra persona”, anotó.
Además, agregó que muchas empresas ya le están cobrando esos saldos a los usuarios. Algunas como Air-e ya terminaron de cobrar.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se organizará como Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía, sin personería jurídica, que estará integrada de la siguiente manera.
Ahora habrá 5 expertos en asuntos energéticos que serán escogidos libremente por el presidente de la República. Y adicional, habrá tres expertos más, un representante de sindicatos, otros de usuarios de servicios públicos y finalmente uno de la academia.
Al respecto, Castañeda mencionó que “más miembros es más burocracia”. Por esa razón no está de acuerdo con que se necesite más burocracia.
Y recordó que hubo una antigua reforma que bajó el número de expertos de 7 a 5 porque se considero que un mayor número no mejoraba el funcionamiento.
“Imagina tomar una decisión entre tantas personas. Entre más gente hay menos dinámica en la toma de la decisiones. Es un exceso”, comentó.
Otra parte importante del borrador está enfocada en la revisión del esquema actual de subsidios para los usuarios de estratos bajos.
Hoy en día, el Estado cubre un porcentaje del consumo básico mensual de energía: el 60 % para los usuarios de estrato 1, el 50 % para el estrato 2 y el 15 % para el estrato 3.
La nueva reglamentación exigirá una evaluación de estos subsidios, particularmente para los hogares cuyo consumo mensual supere el promedio del consumo en estratos que no reciben ayudas estatales.
En los casos donde el consumo de un hogar subsidiado sea mayor al doble del consumo básico reconocido, se contempla una reclasificación del estrato, lo que implicaría perder el acceso al subsidio y empezar a contribuir financieramente al sistema.
Además, el Ministerio o la entidad designada deberá definir los procedimientos para calcular, recaudar, redistribuir y auditar los recursos involucrados en estas modificaciones, en coordinación con las empresas del sector eléctrico.
Estas medidas se aplicarán de manera transitoria mientras se desarrolla y pone en marcha el nuevo modelo de asignación de subsidios previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, el cual contempla el uso del Registro Universal de Ingresos como herramienta principal para una asignación más precisa y justa de los subsidios de energía eléctrica.
Por ahora para los conocedores muchas de las propuestas son temas que ya se pueden hacer desde la regulación y no se requería este decreto.
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